14 DE DICIEMBRE DE 2017 |

El gobierno de Macri ha anunciado y está enviando al Congreso un paquete de Proyectos de Ley (PL) que han sido presentados ante la opinión pública como Reformas Estructurales.
Ante todo, cabe observar que estas reformas no son tales:

Porque no se trata de reformas propiamente dichas o cambios integrales ni de Sistemas sino sólo de baterías de medidas en distintos ámbitos, con el interrogante que no está claro si son compatibles entre sí y/o si conducen efectivamente a los objetivos nominalmente previstos, que serían la rebaja de costos empresarios, la reducción del Gasto Público y la disminución del Déficit Fiscal.
Porque parte de los proyectos todavía no están definidos en detalle y además se encuentran lógicamente sujetos a los cambios que se negocien fuera y dentro del Congreso para poder aprobar las leyes respectivas, de modo que igualmente no puede precisarse el sentido y alcance final de las modificaciones legales que se instauren dado que todo está en curso de negociaciones.
Porque los tiempos de presentación, debate parlamentario y comienzo de vigencia de las medidas que se adopten hacen a estas  reformas  de cumplimiento relativo puesto que la mayoría de los cambios que se proponen son graduales en su aplicación y se harían durante un período que excede el mandato del actual gobierno.

Por Héctor Giuliano

Siendo así que un  collage  de proyectos sin definición completa ni claras relaciones entre sí, y sin tiempos ciertos de implementación no son  reformas  seguras ni reformas propiamente dichas. 1
O sea, que la forma y los resultados de este paquete de medidas – denominado ampulosamente  reformas  – están todavía por verse y más aún por cuantificarse.
La clave de respuesta final a estos interrogantes – una vez sancionados los cambios que resulten de esta complejo proceso de negociaciones extra e intra-parlamentarias – va a estar en el único lugar que es el receptáculo obligado y concreto de tales modificaciones: el Presupuesto 2018; ya que este PL de Presupuesto fue elevado en tiempo y forma por el gobierno al Congreso el 15.9 pasado pero ahora va a tener cambios más que relevantes en el cálculo de los Recursos y los Gastos del Estado. 2
En este sentido, el PL modificado de Presupuesto 2018 será la  prueba de la realidad o no  del supuesto reformismo macrista en los dos años que le restan de su mandato.

Notablemente – como ya lo advertíamos reiteradamente en trabajos anteriores – toda esta cuestión de las Reformas Estructurales que venía anunciando, sin precisiones, la administración Macri no fue objeto de explicaciones oficiales ni mucho menos de debate durante la reciente campaña electoral por las elecciones parlamentarias del 22.10, ni por parte del gobierno ni por parte de la oposición.

Ahora – como era previsible – resulta que después que los partidos políticos han conseguido los votos de la ciudadanía sin haber bajado definiciones directas y concretas frente a ninguno de los graves problemas reales que sufre la Argentina, recién ahora empieza el cabildeo y debate interno de los proyectos de las llamadas  reformas  del gobierno Macri (esa batería de proyectos que se presenta hoy – después de dos años de gestión - para la segunda mitad de su mandato).

Dicho con otras palabras, que la administración macrista planteó las cosas así:  primero denme los votos frente al peligro dialéctico de un retorno del Kirchnerismo que luego yo los sorprenderé con el paquete de medidas que llamo reformas estructurales.
Y la Partidocracia opositora acompañó esta postura.

El sentido de las Reformas

Conforme al planteo oficial, las principales reformas propuestas por el gobierno Macri son tres: Impositiva, Previsional y Laboral; y como derivado de la primera, modificaciones parciales de la Coparticipación Federal de Impuestos, en función del acuerdo firmado entre Nación y Provincias. 3
Este último aspecto no es un tema menor porque, aparte que en los hechos ello determina un principio de apoyo de los legisladores provinciales en el Congreso a instancias de los gobernadores respectivos, la Reforma Tributaria en particular conlleva compromisos de reducción de impuestos por parte de las provincias – fundamentalmente Ingresos Brutos y Sellos – que constituyen en promedio entre el 70 y el 80 % de sus recursos propios.
Por otra parte, estas medidas de reducción de tributos no resultarían en principio muy compatibles con la prioridad fijada según el PL de nueva Responsabilidad Fiscal – que forma parte del paquete de leyes propuesto por el gobierno - que exige la disminución del Gasto Público y el Déficit Fiscal de todos los distritos (incluso con alcance municipal) ya que obviamente se estaría trabajando con la hipótesis de una baja de Ingresos Públicos.
Esto último, empero, no es seguro que reduzca la Presión Tributaria provincial porque – aparte de que las aplicaciones de los cambios son graduales – ya varias provincias (con Buenos Aires y la CABA a la cabeza) han decidido aumentos alternativos importantes en el Impuesto Inmobiliario, además del paralelo incremento de las Tasas municipales por Servicios Generales (TSG, o ABL en la Capital) con lo que los distritos estarían compensando la rebaja de Ingresos Brutos.
Cabe recordar además que la última palabra en esta materia la tienen formalmente las legislaturas provinciales – que deben aprobar o no los acuerdos firmados por los gobernadores – y que, si bien se considera que darán conformidad sobre lo actuado, no se sabe en qué términos y en qué plazos lo harán.
Ergo, es discutible que baje la presión tributaria neta en la Argentina porque aún no está claro el balance compensatorio de reducciones de impuestos por un lado y aumentos por otro, cosa para la que habrá que esperar el citado nuevo proyecto presupuestario 2018.
Por último, una duda central que hace al nuevo resultado de las cuentas fiscales (algo que ya ha sido percibido pero de lo que poco se habla): la cuestión de si las reducciones impositivas propuestas (en caso que efectivamente se verifiquen) estarían realmente compensadas con baja de gastos por los gobiernos – nacional y provinciales – ya que se necesitaría una disminución más que proporcional de los Gastos Públicos en las respectivas jurisdicciones para compensar la supuesta rebaja de recaudación y así poder lograr una reducción final de los déficits fiscales que, como están las cosas, por el momento devienen algo bastante hipotético.

El objeto de las Reformas

Las cuentas fiscales de la Argentina no cierran y la necesidad de desacelerar el ritmo del endeudamiento del Estado, que se usa para cubrir los déficits gemelos - fiscal y externo – plantea una dualidad en el objeto de las reformas propuestas.
El paquete de PL del gobierno Macri al Congreso tiene por finalidad declarada bajar los costos impositivos, previsionales y laborales a las empresas pero dice poco acerca de cómo quedarían las cuentas públicas.
El objeto central de las  reformas  – siempre según la formulación oficial – sería reducir la presión tributaria (impositiva y previsional) sobre las empresas para favorecer la Inversión.
Aunque se quiere presentar estas iniciativas como factores clave de una reactivación económica   no se trata, en realidad, de medidas que vayan necesariamente a incidir – y menos en el corto plazo – en las decisiones de inversión, producción y empleo dentro de la economía argentina.
Y que se puedan tomar tales decisiones en el futuro depende menos de los cambios tributarios que se instrumenten que de las condiciones fácticas que el propio gobierno Macri plantea hoy como alternativa en materia económico-financiera.
En efecto: ¿qué peso relativo tienen o pueden tener los cambios jurídicos en las decisiones de inversión empresaria cuando es el propio gobierno el que estimula, facilita y alienta la mayor rentabilidad de los negocios especulativos frente a la rentabilidad de la actividad económica?
Este dilema entre cambios legales de instrumentación a futuro versus ofrecimiento de ganancias especulativas inmediatas y/o de muy corto plazo plantea en forma determinante una inconsistencia central sobre la que se asienta la idea de las reformas oficiales: una baja de la Presión Tributaria compensatoria parcial de la creciente Presión Financiera.
Ya que esas ventajas de rentabilidad financiera siguen siendo mayores y más rápidas que las supuestas y graduales rebajas tributarias.
Dicho en términos más simples: que es dudoso que cualquier empresario altere sus decisiones económicas de inversión y producción cuando es el propio gobierno – a través del Banco Central (BCRA) – el que le ofrece ganancias especulativas a corto plazo (desde los 30 días !) en la compra de Lebac que rinden el 28-29 % anual. 4
Con el agravante que la propuesta de estas reformas se da en un contexto financiero adverso al de crecimiento económico que debiera llevar a que las empresas aprovechen estas aparentes rebajas impositivas:

Porque la política de altas tasas de interés del BCRA no sólo constituye un ofrecimiento de mayores ganancias financieras que productivas sino que mantiene el sesgo recesivo que daña la expansión de la Producción y el Empleo, con el consiguiente problema de desarrollo del Mercados que se requiere para nuevas inversiones.
Porque el retraso cambiario – sostenido precisamente en las altísimas tasas de interés domésticas que determina el BCRA – retro-alimenta el circuito financiero especulativo, favorece el aumento de las Importaciones y afecta el valor de nuestras Exportaciones. 5
Porque esta  movida compensatoria  – la idea de bajar la presión tributaria a las empresas para compensar el alto costo financiero existente – no garantiza la mayor recaudación del Estado para disminuir el Déficit Fiscal ni mucho menos garantiza la baja de la Inflación por supuesto traslado a precios de las rebajas impositivas (que es la ingenua esperanza que las empresas bajen sus precios al público por tener menor presión tributaria).

En síntesis, que la mentada  reforma tributaria Macri  no garantiza el logro de una reducción del Déficit Fiscal, que no constituye una verdadera modificación del Sistema Impositivo Argentino sino sólo una  batería de medidas  y que el mismo objetivo teórico se pudiera aspirar a cumplir por la vía más simple y directa que existe en materia de Administración Tributaria, que es la de combatir hasta sus últimas consecuencias la Evasión Fiscal.
Por estas razones, habría explicaciones realistas mucho más fundadas para suponer que el verdadero objetivo del magnificado paquete de Reformas Estructurales es otro y que, en consecuencia, lo que se estaría buscando es algo distinto al enunciado:

Debido al acelerado proceso de endeudamiento externo de la administración Macri - que implica un aumento del stock de la Deuda Pública y un correlativo aumento más que proporcional de los Intereses a Pagar – el Déficit Fiscal se está desbocando y es necesario acotarlo. 6
Los grandes acreedores externos están  apretando  al gobierno macrista para que se les garantice el pago de estos servicios crecientes de Intereses – ya que la totalidad de los vencimientos de Capital se refinancia – y ello tiene que lograrse a través de planes de Ajuste Fiscal que reduzcan y/o compensen el Déficit del Estado para poder pagarle a los acreedores. 7
El paquete de  Reformas Estructurales  – un conjunto de medidas muy insuficiente como para reducir significativamente el déficit de las cuentas fiscales – tendría por finalidad seguir  ganando tiempo  mientras se toma más Deuda Pública, que es el sostén y motor esencial de la gestión Macri.

En este contexto, la  venta de la idea  de Reformas a la opinión pública configuraría, en gran medida, un distractivo del empeoramiento de la verdadera situación fiscal argentina – hoy replanteada en los déficit gemelos (fiscal y externo) - pondría en evidencia el aumento de los condicionamientos extranjeros por el problema financiero insoluble del aumento de la Deuda Nacional 8  sin capacidad de repago y mostraría, a la vez, la gravedad del cuadro que enfrenta un  gobierno deuda-dependiente  que necesita en forma desesperada vivir renovando vencimientos y colocando deuda adicional todos los días como parte de su Política de Gobernar con Deuda, una política sin la cual el gobierno Macri perdería automáticamente su estabilidad financiera y política.-

Lic. Héctor L. GIULIANO
Buenos Aires, 2.12.2017

Archivo: GIULIANO ARTICULO 2017 12 02 REFORMAS MACRI
1 Los proyectos del Poder Ejecutivo debieran tratarse básicamente en sesiones extraordinarias y con los nuevos legisladores electos el 22.10. Se entiende que si no se logran los acuerdos necesarios para las votaciones en Diciembre, el tratamiento pasa a Febrero.
Las disposiciones de las leyes que se modifiquen y/o incorporen, a su vez, van a ser implementadas en forma gradual y, por lógica, todavía no se sabe cuáles serán ni su cronograma de vigencia.
Por último, los cambios a producirse han sido pre-consensuados a través de un acuerdo con los gobernadores de provincia y están sujetos a las adhesiones y condiciones que fijen las respectivas legislaturas.
2 Según el PL de Presupuesto 2018 el Gasto Público Total del Gobierno Nacional sería de 2.9 B$ (Billones de Pesos), equivalente a unos 150.000 MD (Millones de Dólares).
3 El Acuerdo o Consenso Fiscal firmado el 16.11 entre el presidente Macri y los Gobernadores de Provincia – salvo San Luis – compromete una serie de modificaciones tributarias y también la aprobación del PL de Responsabilidad Fiscal, que fija limitaciones al Gasto Público, al Empleo Oficial y al Déficit Fiscal, así como medidas ligadas al aumento del endeudamiento público.
4 La Tasa de Referencia de Política Monetaria del BCRA, calculada sobre operaciones de Pases Pasivos – 28.75 % anual para 7 días de plazo - está actualmente en línea con las tasas implícitas de las Letras del Banco Central (Lebac), que pagan una tasa de interés superior al 29 % en el Mercado Secundario.
Al 31.10.2017 el BCRA tenía colocadas Lebac por 1.18 B$ (equivalentes a unos 67.000 MD) y además tenía Pases Pasivos por 316.600 M$ (Millones de Pesos ≡ 18.000 MD).
5 La Argentina tiene un fuerte déficit en la Cuenta Corriente de su Balanza de Pagos: fue de 14.500 MD en 2016 y el acumulado al 30.6 de este año ya suma 12.600 MD.
Dentro de estos totales, una parte de los déficits corresponde a la Balanza Comercial (Exportaciones – Importaciones), que en 2016 fue de 4.500 MD y en el primer semestre del 2017 era de 1.300 MD.
6 Según el PL de Presupuesto 2018 el Déficit Fiscal del corriente año sería – en valor absoluto - de 633.800 M$ (≡ 32.800 MD) y el año que viene pasaría a 681.800 M$ (≡ 35.300 MD).
El Fondo Monetario (FMI), así como las Agencias Calificadoras de Riesgo – caso Standard & Poors y Moody´s – y distintos analistas financieros (locales e internacionales) se lo están observando cada vez con mayor insistencia al gobierno Macri.
7 El Estado Argentino no amortiza los vencimientos de Capital sino que los refinancia en forma total, es decir, pagando deudas con nuevas deudas; y además contrae endeudamiento adicional.
En 2018 está previsto que caigan obligaciones por valor de 66.600 MD y el gobierno Macri proyecta colocar deudas por 113.000 MD, esto es, colocando obligaciones nuevas por 46.400 MD.
Hasta el último centavo de deuda que vence se cancela con nueva deuda.
Lo que sí se paga son los Intereses de la Deuda – que son parte del Gasto Público Corriente y, como tales, factor determinante del crecimiento del Déficit Fiscal – que sumaron unos 10.000 MD en 2016, serían unos 14.000 MD este año y ascenderían a 21.000 MD en 2018.
De hecho, los Intereses a Pagar constituyen el rubro más importante del Gasto Público: en 2018 son 406.500 M$ (≡ 21.000 MD). Son más que los gastos previsionales netos (erogaciones – ingresos), que suman unos 300.000 M$.
Paradójica o sintomáticamente las autoridades, la clase política y la dirigente en su conjunto, los analistas económico-financieros y los medios de difusión en general se lamentan del crecimiento del Gasto Público que pesan sobre el Presupuesto y determinan el incremento del Déficit Fiscal pero nadie dice nada con respecto al monto, ritmo de aumento e incidencia de los Intereses de la Deuda Pública, que son el principal componente de dicho déficit.
8 La Deuda Pública Nacional es la que correspondería a la suma de los pasivos de Nación, Provincias, Municipios, BCRA y Bancos Oficiales, Empresas del Estado, Organismos Nacionales, Fondos Fiduciarios y juicios contra el Estado con sentencia en firme.
Esta información se mantiene en secreto y sólo se conoce la Deuda del Estado Central (307.300 MD, al 30.6.2017), la del BCRA (fundamentalmente por Lebac en pesos equivalentes a 67.000 MD al 31.10.2017) y la del consolidado de las Provincias (515.800 M$ ≡ 33.500 MD al 31.3.2017).

El Observatorio Fiscal Federal realizó un relevamiento en el que mediante un reloj muestran a cuanto se endeuda la Argentina a cada minuto. La deuda de Nación, provincias, municipios y Banco Central está creciendo a razón de U$S 1.204 dólares por segundo mientras que el gasto público aumenta $ 134.000 y la recaudación crece $ 109.000 por segundo.

La deuda pública sigue creciendo en Argentina y un estudio del Observatorio Fiscal Federal arrojó un conteo que abre la polémica por el nivel de endeudamiento del país. Si se miden en minutos y segundos se llega a conocer que la Argentina presidida por Mauricio Macri se endeuda a 1.204 dólares por segundo.

“La deuda es un reflejo del desequilibrio fiscal que tiene el país. Y si agregara la deuda del Banco Central, reflejando el déficit cuasifiscal, subiría a unos 1.200 dólares por segundo”, comentaron en una entrevista a El Economista el titular del Observatorio, Miguel Angel Asensio, su secretario Pablo Maria Garat y el director ejecutivo Luciano Di Gresia.

En la misma línea agregaron que "el gasto consolidado Nación, provincias, municipios crece a razón de $ 134.000 por segundo. Y la recaudación total— impuestos más Seguridad Social— es $ 109.000 por segundo. Entonces el déficit fiscal aumenta $25.000 por segundo. Eso nos lleva a un nivel de 7% del PBI de déficit fiscal nacional y las provincias otro punto más".

Los entrevistados señalaron que “Argentina debe decir cuánto gasto publico lo dedicamos a inversión, educación y desarrollo, cuánto dedicamos a sostener los intereses de la deuda, y cuánto a Seguridad Social. Esto es una decisión política de hierro. Como no se puede reducir el gasto en jubilaciones, hay que sostener 42% de pobreza infantil, hay que hacer más eficiente el gasto educativo; aquí hace falta un gran acuerdo político y tomar decisiones. Hoy no estamos administrando el endeudamiento en función de esta definición”. 

El pasado 23.10, durante una conferencia de prensa, el presidente Macri fue preguntado acerca de si el gobierno seguirá tomando deuda o no después de las elecciones del día anterior y su contestación textual sobre este punto concreto fue la siguiente:

"De esto ya hemos hablado bastante, mientras la Argentina tenga déficit fiscal como tiene va a seguir teniendo que tomar deuda porque tenemos un compromiso central que compartimos, como dije anoche, que es reducir la pobreza, y el primer camino para reducir la pobreza es bajar la inflación que es lo que más afecta a aquellos que menos tienen, con lo cual si uno no va a financiar el déficit con inflación lo tiene que financiar con deuda; es algo que como todos sabemos no podemos hacer eternamente. Por eso es tan importante seguir avanzando en esta reducción gradual del déficit fiscal que es un compromiso que asumimos desde el primer día y parte de lo que vamos a hacer de acá a fin de año es aprobar en el Congreso de la Nación un presupuesto que comprometa una reducción del déficit, que el año que viene debería ser menor al 3,2" (se refiere al porcentaje sobre PBI).

Estas declaraciones presidenciales plantean una poco clara y muy discutible interpretación acerca de la relación entre Deuda y Pobreza ya que, según tal razonamiento, la Deuda Pública se necesita para cubrir el Déficit Fiscal y este endeudamiento, a su vez, sería parte de un objetivo central de reducción de la Pobreza a través de menor Inflación.

La teoría de la necesidad de la Deuda para sufragar el Déficit del Estado Argentino es hoy, sin embargo, tan inconsistente como contradictoria porque – por un lado - soslaya que la Deuda es también causal de Inflación (por sus efectos directos como Gasto Público y por el aumento del piso de las Tasas de Interés del Mercado) y porque – por otro lado – omite decir que el problema de la refinanciación de los vencimientos de Capital y el pago creciente de sus Intereses son la principal causa de ese Déficit, que se cubre y retro-alimenta justamente con más Deuda.

Deuda y Déficit Fiscal

El presidente Macri afirma que la Argentina va a tener que seguir tomando Deuda mientras tenga Déficit Fiscal cuando el principal componente explicativo de ese déficit es la Deuda y sus Intereses.

La Argentina no paga un centavo por vencimientos de la Deuda por Capital o Principal sino que renueva íntegramente sus compromisos y además aumenta en forma sistemática su stock con nuevas deudas que no tienen demostración alguna de capacidad de repago, de modo que el saldo de la Deuda Total aumenta indefinidamente y cada vez se pagan más intereses.

Estos Intereses – que se pagan como parte del Gasto Corriente del Estado – constituyen hoy el principal rubro del Gasto Público: suman 319.500 M$ en 2017 y pasan a 406.500 M$ en 2018. 1
Y este incremento sistemático de los intereses pesa cada vez más sobre el Gasto Total y lo hace a un ritmo y proporción más altos que el resto de las erogaciones fiscales.

Según las proyecciones oficiales actualizadas para el 2017 se estima un déficit fiscal de 719.000 M$ 2  (633.800 M$ de déficit por resultado Financiero más 95.200 M$ de intereses que se capitalizan por anatocismo 3 ) y para el 2018 ese déficit total pasa a ser de 804.400 M$ (681.800 más 122.600 respectivamente).

Es decir, que el gobierno Macri no disminuye sino que aumenta en valor absoluto el monto del Déficit del Estado.

Y este resultado financiero se produce con y sin el anatocismo de los intereses.

Este anatocismo – que se resta de las informaciones oficiales sobre Déficit Fiscal porque pasa a convertirse en deuda adicional por Capital – representa hoy el 30 % de los Intereses a Pagar: casi un tercio de los servicios totales por este concepto.
Lo que revela la gravedad de un Estado Deudor que no solamente no puede pagar y refinancia íntegramente las obligaciones de Capital a su vencimiento sino que ni siquiera puede cubrir la totalidad de los intereses respectivos.

Tenemos así que – tomando como base los datos del Presupuesto 2018 y sus estimaciones para lo que resta del 2017 – los Intereses de la Deuda Pública explican el 44.4 % del Déficit Fiscal del corriente ejercicio (319.500 / 719.000 M$) y pasan a ser más de la mitad para el año que viene (50.5 %: 406.500 / 804.400 M$).

Ergo, lo que el presidente Macri está diciendo en la práctica es que su gobierno va a seguir tomando Deuda Pública mientras el país tenga déficit fiscal pero ese déficit va a continuar existiendo indefinidamente porque la gran mayoría de tal déficit es producido precisamente por los Intereses de la Deuda.

Deuda y Pobreza

Una segunda afirmación importante del presidente es tan notable como la primera: que tenemos que seguir tomando Deuda para cumplir un objetivo central de reducir la Pobreza.

Para ello Macri dice que el primer camino para bajar la pobreza es bajar la Inflación y que como ésta es causada por la Emisión Monetaria el Déficit Fiscal tiene que ser financiado con Deuda.

Más este razonamiento conlleva tres errores de pre-concepto concurrentes:

El primer error es que la emisión de dinero no produce Inflación per sé sino según el destino cualitativo de tales emisiones; porque no es lo mismo imprimir billetes para financiar gasto público improductivo – como son los Intereses que se pagan sobre la Deuda Financiera del Estado – que hacerlo para financiar con recursos monetarios propios Obras Públicas y/o de Infra-estructura, que generan Producción y Trabajo.

Tal concepción monetarista de la Inflación se contrapone a la Teoría Cualitativa de la Moneda – formulada hace décadas por el profesor Walter Beveraggi Allende – según la cual el efecto inflacionario de la emisión monetaria no depende del origen fáctico de la emisión sino del destino de los fondos que son objeto de esa emisión de dinero por parte del Estado.

El segundo error es que la falta de Trabajo y el aumento de la Pobreza no dependen tanto de la Inflación ni del Déficit Fiscal como de los planes de ajuste recesivos que los gobiernos llevan a cabo para cubrir el problema de su Deuda Pública, por Capital e Intereses, como ocurre en nuestro caso.

Y el tercer error es que, siguiendo incluso parte del razonamiento oficial al respecto, la Deuda – como principal factor de crecimiento del Gasto Público – es hoy el primer condicionante del Déficit Fiscal; ese mismo déficit que el gobierno Macri utiliza como argumento del mayor endeudamiento del Estado y como excusa para vincularlo como paliativo de la Pobreza.

El aumento del Gasto Público y el Déficit Fiscal así como el incremento de la Inflación y la Pobreza no son la causa determinante de los problemas económico-financieros de la Argentina actual sino el producto inexorable de un Sistema de Deuda Perpetua que se mantiene como Política de Estado.

Con el agravante que el presidente Macri, en un intento de justificar su Política de Gobernar con Deuda, pretende plantear que la alternativa de emisión monetaria sin respaldo es peor que su irresponsable Política de Endeudamiento Público en gran escala sin la más mínima capacidad de repago.-

Lic. Héctor L. GIULIANO
Buenos Aires, 30.10.2017
Archivo: GIULIANO ARTICULO 2017 10 30 MACRI Y DEUDA

1 Los Intereses de la Deuda para el 2018 – según el Proyecto de Ley (PL) enviado al Congreso – constituyen el 15 % del Gasto Público Total pero son, en realidad, el 28 % del Gasto de la Administración Central, que es la que verdaderamente carga con el pago de estos intereses, lo que equivale a decir que casi 1 de cada 3 pesos que se gasta corresponde al servicio de Intereses.
2 Las abreviaturas M$/MD significan Millones de Pesos/Dólares respectivamente y se expresan siempre con redondeo, por lo que pueden darse mínimas diferencias entre totales y sumatoria de términos.
3 El anatocismo es la capitalización de intereses devengados y no pagados, que se transforman así en Capital y generan consecuentemente nuevos intereses en función del Interés Compuesto. Ello significa que el deudor – en este caso el Estado Argentino – no puede cubrir la totalidad de los intereses a pagar y procede entonces a refinanciar una gran parte de los mismos vía capitalización. El anatocismo, bajo estas condiciones, es sinónimo de la Usura. 

Con fecha 28.6, 10 días después de emitida una escueta  comunicación de prensa que daba cuenta del hecho y cuando crecía la inquietud por la falta de informaciones oficiales oportunas al respecto - el Boletín Oficial publicó la Resolución 97-E/2017 del Ministerio de Finanzas (MF) que respalda la colocación del Título Público a 100 años de plazo: el denominado Bono Internacional 7.125 % Vto. 2117.

Por Héctor GIULIANO

Esta resolución ministerial está acompañada por seis extensos anexos jurídico-financieros que contienen información detallada sobre la operación y cuya lectura pormenorizada – por razones de tiempo y trabajo - todavía no pudo ser completada por parte del autor.

El tema, sin embargo, en lo básico ya fue planteado y tratado en un trabajo anterior nuestro - titulado “Deuda Pública a 100 años” (del 20.6) - escrito apenas conocida la noticia y que ahora es ampliado, en función de los nuevos datos editados, a través de la presente nota, por lo que no va a repetirse aquí lo dicho en esa oportunidad ya que se da por conocido, salvo algunas ideas-eje que ameriten reiterarse o profundizarse.

ASPECTOS FINANCIEROS ESPECIFICOS

Colocar Deuda a 100 años carece de lógica y de racionalidad financiera: ¿qué significa contraer obligaciones con vencimiento a un siglo de distancia?, ¿qué explica y qué justifica una emisión de esta naturaleza hoy para la Argentina?, ¿dónde está la demostración técnica y cuál ha sido la metodología de cálculo utilizada para fundamentar la hipotética capacidad de repago de tales obligaciones dentro de un siglo?, ¿cuál es la supuesta ventaja de dicha colocación de bonos públicos en las condiciones en que se ha efectuado?, ¿con qué criterio se determina una emisión de deuda a 50, 100 ó 200 años de plazo? ..., en síntesis, ¿quién y cómo se hace cargo de demostrar debidamente la conveniencia técnica de la operación y quién y cómo se hace responsable por el cumplimiento de las obligaciones así contraídas a tan largo plazo?.

El gobierno Macri – principalmente a través del Ministro de Finanzas Caputo pero también del Jefe de Gabinete Marcos Peña y del Ministro de Hacienda Dujovne – parece creer que puede soslayar la aclaración de estos interrogantes apelando a los auto-elogios, las expresiones suficientes y genéricas (Caputo habló de un gran logro y también de un gol de media cancha), a evasión de los temas de fondo vía  referencias marginales o periféricas al contenido concreto de las operaciones concertadas y a evasión de las debidas explicaciones técnico-financieras del caso.

La síntesis de la operación de colocación del Bono 2117 es preocupante:

  1. Un título público a 100 años sin demostración alguna de capacidad de repago y sin respaldo legal específico, lo que equivale a un régimen de Bono Perpetuo, aunque con el agravante adicional que el pago de los servicios de intereses no deja  sin efecto la devolución del principal al vencimiento.  

  2. Un monto de 2.750 Millones de Dólares (MD) colocado bajo la par - al 90 % de su valor, lo que representa un ingreso neto de 2.475 MD – y a una tasa de rendimiento récord mundial del 8 % anual (7.93).

  3. Una operación realizada por Contratación Directa con cuatro grandes bancos internacionales que revestirían una condición poco clara de Bancos Agente/Colocadores y compradores del bono a la vez.

Las declaraciones de los funcionarios macristas no aportan claridad ni transparencia a lo actuado sino, por el contrario, imprecisiones e inconsistencias:

  1. Los funcionarios dicen que la Argentina se endeuda a tasas de interés bajas cuando nuestro país está colocando la deuda a largo plazo más cara del mundo (8 % anual).

  2. Se sostiene que colocar deuda a 100 años es un supuesto logro porque expresa un signo de confianza de los mercados hacia la Argentina pero prestarle al 8 % durante un siglo – cuando se trata de la tasa más alta entre los países que han colocado deuda bajo este régimen (Bélgica, Irlanda, China, México) y por el doble o triple de su porcentaje – no es precisamente una expresión de tal confianza.

  3. El ministro Caputo añade – sin aportar información desagregada en este punto - que el gobierno está colocando deuda “a las tasas más bajas de la historia argentina” cuando la tasa del bono a 100 años duplica la tasa promedio ponderada de toda la deuda en dólares hoy existente, que es del 4.08 %; dándose el hecho, por otra parte, que gran parte de la deuda que determina este nivel de tasa es producto de su política de conversión de Deuda intra-Estado en nueva Deuda Externa.

  4. El gobierno Macri esgrime que las ofertas que dice haber recibido por el Bono 2117 totalizaron 9.750 MD, de las que se aceptaron 2.750 - que en realidad lo fueron por 2.475 MD porque los bonos fueron colocados al 90 % - de modo que la relación entre lo ofrecido y lo aceptado habría sido así de casi 4 a 1. Pero si fuese cierto que a la Argentina le sobraban las ofertas de compra no se entiende por qué haber colocado el bono un 10 % bajo la par.  

  5. Igualmente, el ministro Caputo dice que la emisión del bono se hizo para aprovechar la oportunidad de las buenas condiciones del mercado internacional, pero ello no se condice con la realidad de tomar deuda cara – prácticamente la más alta del mundo - en un mercado global que hoy está barato.

  6. El ministro Caputo, hablando de su supuesto “gran logro” por la colocación del Bono 2117 dijo que “devolver 2.750 MD dentro de 100 años es equivalente a devolver 100 MD hoy” (Infobae, 22.6) pero esto no está demostrado en ninguna parte. Por el contrario, un trabajo elaborado días pasados por Javier Llorens, de Córdoba, calcula que el Valor Actual o Valor Presente de la operación muestra montos negativos, que van desde 7.800 MD (tomando la tasa de descuento de Bélgica 2016, del 2.35 %) hasta menos 3.400 MD (tomando la tasa de México 2010 del 5.75 %). Incluso tomando la tasa promedio en dólares de la Argentina (4.08 %) este Valor Actual negativo de los pagos futuros resulta de 4.800 MD (y el Valor Actual Neto – si se deduce el importe del préstamo recibido – queda en menos 2.300 MD). Es decir que – según lo demuestra Llorens – con cualquier tasa de descuento que se tome el Valor Actual Neto arroja millonarias pérdidas para la Argentina (Ver Striptease del Poder, Junio de 2017).

  7. El gobierno Macri – en el contexto de su Política de Gobernar con Deuda – sigue sin ofrecer la más mínima demostración de capacidad de repago sobre las obligaciones financieras que sigue contrayendo en gran escala mientras aumenta vertiginosamente el stock de la deuda impagable del Estado: 35.000 Millones de Dólares (MD) el año pasado y otros 38.000 MD en el 2017 según lo previsto en el Presupuesto aprobado por el Congreso.

En síntesis, la administración Macri está engañando y confundiendo muy seriamente a la opinión pública en relación a la naturaleza, características y alcance de la colocación del bono a 100 años de plazo, con consecuencias imprevisibles para las finanzas del Estado Argentino.

LA LÓGICA DE LA OPERACIÓN  

El Bono 2117 está diseñado a través de una compleja ingeniería jurídico-financiera cuyo sentido no queda totalmente claro:

  1. La operación fue concertada por contratación directa con un grupo de cuatro bancos colocadores de bonos: los bancos Citigroup y HSBC, en su carácter de Agentes de Estructuración y Colocación Conjuntos (que son las dos entidades principales) y los bancos Santander y Nomura, como co-agentes o entes secundarios; sin que se conozca si existió una compulsa previa de ofertas o se trató de un ofrecimiento de estas entidades aceptado por el gobierno Macri.

  2. Estos bancos, empero, son a la vez Compradores Iniciales de los bonos que emite la Argentina: 1.237.5 MD cada uno los dos principales y 137.5 MD cada uno los dos secundarios. En total: los 2.750 MD a valor nominal de la operación.

  3. Como los bonos se venden con un 10 % de descuento por ser colocación bajo la par, lo que el Estado Argentino recibe es 2.475 MD (2.750 x 0.9), que restándole los gastos conocidos quedarían reducidos más exactamente a 2.472 MD.

  4. Estos bonos devengarán entonces un rendimiento para los acreedores superior a la tasa de interés nominal del 7.125 %, que será del 7.93, prácticamente el 8 % anual, lo que significa que en el término de 100 años la Argentina pagará en total unos 20.000 MD de intereses (19.600) sobre un capital prestado de 2.750 MD (que, en realidad, son 2.475). Esto es, una relación de 8 a 1 entre intereses y principal (19.600/2.475 = 7.92).   

  5. A los efectos que los bancos compradores puedan revender estos bonos en el mercado el gobierno argentino asume la obligación de registrarlos en la SEC - Comisión de Valores norteamericana – para que los mismos puedan ser comercializados en la plaza de Nueva York y admitidos en el régimen internacional de transferencias de Euroclear y Clearstream; y lo hace sujeto a severas penalidades (un recargo de hasta el 0.75 % en la tasa de interés) e indemnizaciones en caso de incumplimiento de tal compromiso.

  6. La Resolución 97-E/2017 - por el artículo 5 – reconoce a estos bancos colocadores una comisión del 0.12 % sobre el monto total del capital de los bonos pero ello no tendría sentido por tratarse de una venta directa de los títulos para que luego los bancos tomadores los comercialicen por su cuenta.

  7. El gobierno contrata además como Fiduciario y Agente de Pago a The Bank of New York Mellon (el mismo que intervino en su condición de tal bajo la administración Kirchner desde el Megacanje 2005-2010).

  8. Asimismo, el gobierno Macri mantiene como Asesor Legal en Estados Unidos al estudio Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton, de Nueva York (el mismo que – desde la época del Plan Brady 1992-1993, época Menem-Cavallo –  también mantuvo la administración Kirchner hasta fin de su mandato).

  9. Además, se agregan como Coordinadores conjuntos en la recepción de Ofertas el estudio Shearman & Sterling, de Nueva York, para los trámites en Estados Unidos, y el estudio Brouchou, Fernández Madero & Lombardi, de Buenos Aires, para los trámites en la Argentina.

Todos estos intervinientes en la operación forman parte de lo que normalmente cabe denominar el Club de la Deuda: el conjunto múltiple e interrelacionado de entidades privadas que viven y/u obtienen importantes beneficios financieros merced a la colocación sistemática de Deuda Pública.

El gobierno Macri debiera explicar en forma clara y concreta cuál es la lógica de la operatoria armada en torno a su bono a 100 años. 

LA CUESTIÓN DE LA LEGALIDAD

La Resolución 97-E/2017 da por sentada la legalidad de la operación de colocación del bono a 100 años en función del artículo 34 de la Ley 27.341 de Presupuesto 2017 y éste en consonancia con el artículo 60 de la Ley 24.156 de Administración Financiera del Estado, que establece que toda colocación de Deuda Pública debe hacerse autorizada por ley del Congreso.

Pero ello – como ya lo hemos dicho en nuestro trabajo anterior – carece de verdadero respaldo por falta aprobación específica y, a la vez, por total carencia de razonabilidad.

El artículo 34 – en su párrafo final – dice que el Ministerio de Finanzas podrá efectuar modificaciones a las características detalladas en la planilla adjunta que detalla los montos, especificaciones y destino de las operaciones de crédito público (de lo que deberá informar al Congreso dentro de los 30 días de efectivizada cada operación), pero dicha planilla no permite la concertación de operaciones de endeudamiento a más de cuatro años de plazo.

Que el Ejecutivo utilice este párrafo del artículo como subterfugio de la colocación de deuda a 100 años de plazo constituye no sólo una interpretación carente de toda razonabilidad y un manifiesto abuso de interpretación de la Ley de Presupuesto sino, a la vez, una demostración de mala fe y extralimitación en sus facultades que  transforma esta operación en deuda irregular y/o ilegítima porque viola la letra y el sentido del artículo 4 de la Ley 24.156, que dice:

  • En el enunciado del artículo: Son objetivos de esta ley, y por lo tanto deben tenerse presentes, principalmente para su interpretación y reglamentación, los siguientes:

  • En el inciso a): Garantizar la aplicación de los principios de regularidad financiera, legalidad, economicidad, eficiencia y eficacia en la obtención y aplicación de los recursos públicos; (el subrayado es nuestro).

  • En el inciso b): Sistematizar las operaciones de programación, gestión y evaluación de los recursos del sector público nacional;

  • En el inciso d): Establecer como responsabilidad propia de la administración superior de cada jurisdicción o entidad del sector público nacional, la implantación y mantenimiento de: ...  (dos cosas)

  • En el artículo 4 d): ii) Un eficiente y eficaz sistema de control interno normativo, financiero, económico y de gestión sobre sus propias operaciones, comprendiendo la práctica del control previo y posterior y de la auditoría interna;

  • En el mismo artículo 4 d): iii) Procedimientos adecuados que aseguren la conducción económica y eficiente de las actividades institucionales y la evaluación de los resultados de los programas, proyectos y operaciones de los que es responsable la jurisdicción o entidad.

En función de estos requisitos fijados expresamente por la Ley 24.156 de Administración Financiera del Estado: ¿cómo se inserta el razonamiento y la justificación del comportamiento del gobierno al introducir unilateralmente modificaciones tan importantes sobre el presupuesto del Ejercicio 2017 sin más trámite que apelar a una interpretación irrestricta del artículo 34?

No se trata aquí de cambios menores o de forma sino de variaciones sustanciales que alteran la naturaleza del endeudamiento oficial: la asunción de un criterio tal de discrecionalidad absoluta por parte del Ejecutivo en las modificaciones del Presupuesto equivale a tomarlo como un cheque en blanco para hacer cualquier cosa.

Esto constituye una burla abierta a la Ley 27.341 de Presupuesto 2017 del Congreso y una transgresión al espíritu y la letra de la Ley 24.156 de Administración Financiera del Estado; y que los legisladores nacionales – si se precian de tales – no debieran permitir.

Caso contrario, en el futuro bastaría que las leyes de presupuesto se limiten a consignar una cifra global dejándole abierta a los gobiernos de turno la posibilidad que hagan cualquier cosa, sin limitaciones de ninguna clase.

Frente a la seriedad de esta cuestión planteada y por elementales razones de transparencia deviene más que necesario conocer especialmente los términos de las opiniones vertidas por la presidencia del Banco Central (BCRA, según el artículo 61 de la Ley 24.156), de la Procuración del Tesoro de la Nación y del Servicio Jurídico competente en esta materia (según la Resolución 97-E/2017).

Por eso reiteramos nuestra advertencia de que una operación de endeudamiento público que esté incursa en este tipo de irregularidades entra en los términos del artículo 66 de la Ley 24.156, que dice que: Las operaciones de crédito público realizadas en contravención a las normas dispuestas en la presente ley son nulas y sin efecto, sin perjuicio de la responsabilidad personal de quienes las realicen.

Y agrega, en su segundo párrafo, que: Las obligaciones que se derivan de las mismas no serán oponibles ni a la administración central ni a cualquier otra entidad contratante del sector público nacional.

Expresado con otras palabras: estamos diciendo que las irregularidades que conlleva la toma de deuda a 100 años y en estas condiciones compromete gravemente a la administración macrista y la expone con fundamento a que tales obligaciones sean declaradas nulas.

Por ende, la colocación del bono a 100 años de plazo debe ser revisada por el Congreso, investigada con urgencia por la Auditoría General de la Nación y quedar en suspenso hasta tanto el gobierno Macri no sea expresamente autorizado por el Congreso para contraer las obligaciones que de dicha operación se deriven para el Estado Argentino.

UN AGRAVANTE JURÍDICO

Como complemento de todo lo dicho hasta ahora, es pertinente agregar que hay aquí un aspecto particular muy importante dentro de la operatoria jurídico-financiera del bono a 100 años sobre el que aparentemente no se ha reparado y es el precedente legal que los documentos firmados implican para este caso y para la deuda externa argentina en general.

El volumen de la documentación parcial disponible y la falta de tiempo suficiente como para poder analizarla de inmediato hacen que no sea posible detenerse en todos los detalles del caso pero hay algunos puntos concretos que ameritan advertirse de inmediato.

En el Anexo II, que contiene la información del prospecto del Bono 2117  – páginas 40/41 – se estipulan  una serie de hechos que constituirán incumplimiento (default) de los nuevos bonos y que – textualmente - son los siguientes:

  1. Falta de Pago. Si la República no cumple con cualquier pago de capital e intereses respecto de los Bonos a su vencimiento y dicho incumplimiento continúa por más de 30 días;

Esto es, que con esta cláusula la Argentina se somete a un régimen muy estricto por riesgo de default.

  1. Incumplimiento de otras obligaciones. Si la República no cumple con cualquier otra obligación conforme a los Bonos o el Contrato de Fideicomiso ...;

Esto es, que a los condicionamientos directos se le agregan los indirectos.

  1. Incumplimiento Cruzado. Si se produce cualquier  hecho o situación que resulta en la aceleración del vencimiento de cualquier deuda pública externa en situación de pago normal de la República por un monto total de capital de 50 MD (o su equivalente en otras monedas) ...;

Ésta es, en principio, probablemente la condición más peligrosa porque expone al país a la unificación de los requisitos de cumplimiento de las obligaciones externas en su conjunto.

  1. Moratoria. Si la República declara una moratoria respecto del pago del capital o intereses de su deuda pública externa en situación de pago normal y dicha moratoria no excluye expresamente a los Bonos;

Esto es, que se configura un tratamiento especial del Bono 2117 o se incurre en una exposición equivalente a la del punto anterior.

  1. Validez. Si la República impugna la validez de los Bonos.

Esto último significa que se estaría reconociendo la inmutabilidad de la situación del Bono  aunque la Argentina tuviese motivos para impugnarlo.

Este punto es particularmente problemático incluso en caso que por cualquier razón debidamente fundada quedase sin efecto esta operación de deuda por el Bono 2117.

Pese a su importancia y gravedad – y también a sus implicancias - el gobierno Macri soslaya informar en forma directa sobre los verdaderos alcances de este tipo de condicionamientos (que son sólo una parte del paquete de documentos firmados por el Ministerio de Finanzas invocando  la autorización del Congreso).

La administración Macri acentúa así el compromiso del país a través de un paquete de cláusulas legales – relacionadas entre sí como una verdadera telaraña – que van desde la prórroga de jurisdicción ante tribunales extranjeros a la renuncia a oponer la inmunidad soberana (exceptuando las reservas mínimas de rigor), y desde la cláusula pari passu a la de incumplimiento cruzado de todas las obligaciones externas.

Tales condiciones, asumidas por un Estado que no tiene liquidez ni solvencia fiscal demostrada frente a las obligaciones que se siguen incorporando con total irresponsabilidad financiera dejan a la Argentina en las peores condiciones posibles de exposición jurídica para la defensa de sus intereses nacionales.

Con el agravante que ahora este tipo de cláusulas comprometen a nuestro país por 100 años y, peor aún, extienden su condicionalidad no sólo al Bono 2117 sino a todos los títulos de la Deuda Externa Pública.

No puede descartarse que una de las finalidades encubiertas del bono a 100 años sea esta firma de condiciones cruzadas que encadenen de tal manera toda la deuda exterior de la Argentina por un siglo.

El hecho que la administración Macri cometa con el bono a 100 años este verdadero despropósito financiero y jurídico - dentro del ya insoluble problema de la deuda pública perpetua en que está metida la Argentina - y que además se exponga a hacerlo en un año electoral, a pocos meses de los comicios, denota no sólo su grado de desubicación política sino además la verdadera gravedad de la crisis de Deuda que vive el país y la patética situación financiera fiscal que explica tal nivel de servidumbre macrista ante el poder de la Banca Internacional que lo sostiene. 

Lic. Héctor L. GIULIANO

Buenos Aires, 1.7.2017 -  Archivo: GIULIANO ARTICULO 2017 07 01 DP 100 AÑOS MACRI

(*) Este trabajo es continuación de otro acerca del mismo tema - "DEUDA PUBLICA A 100 AÑOS" (DEL 20/6) - circularizado apenas conocida la noticia; y cuya lectura previa (que también adjunto) considero requisito indispensable del presente porque aquí no se reproduce todo lo dicho en esa oportunidad sino que ello queda asumido como base.

Acompaño además el link de un reportaje sobre el asunto grabado el lunes 26/6 en TLV1, haciendo la importante aclaración que esa entrevista fue realizada ante de publicarse la Resolución 97 E/2017, que autoriza la operación y cuyos términos son el objeto de este nuevo escrito que adjunto.

http://canaltlv1.com/macri-nos-condena-a-100-anos-de-deuda

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