22 DE JULIO DE 2017 |

Juan Carlos Juárez, referente del espacio liderado por Margarita Stolbizer y precandidato a Senador bonaerense por el Frente 1País, consideró “inaudita la presentación judicial presentada ante la Corte Suprema de Justicia por la Administración Nacional de la Seguridad Social para intentar reducir los montos reclamados.

ANSeS ya presentó 15 recursos extraordinarios ante la Justicia. Se trata de los casos de demandas por reajuste del haber inicial por la falta de actualización adecuada de los sueldos que se tomaron como referencia para calcular el haber mensual.

El dirigente sostuvo que “después de casi quince años de reclamos por parte de los jubilados para tratar de cobrar lo que les corresponde, es un despropósito que ahora el Gobierno pretenda pagarles menos”.

En ese sentido, afirmó que “esta decisión vuelve a dejar al descubierto una política habitual de la gestión macrista, que consiste en atentar contra los sectores que menos tienen” y agregó que “buscan reducir los ingresos de los jubilados pensando que son quienes deben soportar la carga de un Gobierno que ha tomado una posición muy desacertada tanto en lo económico como en los social”.

Además, el especialista en temas previsionales del GEN dijo que “es evidente que el Gobierno pretende resolver los problemas del déficit fiscal, la inflación y las tarifas, presionando siempre sobre los sectores de ingresos fijos, generando una desigualdad extraordinaria que se suma a la que dejó el Kirchnerismo”.

Ante esta situación, Juan Carlos Juárez destacó que una de las principales propuestas de su espacio de cara a las próximas elecciones es “justamente proteger el sistema de seguridad social para defender los derechos de todos los jubilados y pensionados de país”.

La Corte Suprema de Justicia resolvió ampliar el Cuerpo de Peritos Especializados en Casos de Corrupción y Delitos contra la Administración Pública debido al "incremento de causas vinculadas a aquellos delitos", según la resolución emitida por el máximo tribunal y firmada por la totalidad de sus ministros.

Son cinco los cargos que sumará el cuerpo de peritos, que existe desde 2014 y originalmente estaba integrado por diez profesionales.

En la resolución 2075/2017, la Corte explicó en los considerandos que decidió sumar nuevos integrantes al equipo por el "incremento de causas vinculadas a aquellos delitos (corrupción y delitos contra la administración pública)".

El máximo tribunal llamó a concurso para cubrir cargos porque "quedó sin cubrir un cargo de perito ingeniero en sistemas de información o informáticos".

Por esos motivos, el máximo tribunal del país resolvió llamar a concurso para "cubrir seis cargos de peritos", según consta en el texto firmado por Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti.

El cuerpo de peritos anticorrupción incorporará cuatro peritos contadores, un perito abogado y un perito ingeniero en sistemas de información o informática (el puesto que había quedado vacante en un concurso anterior).

Además de la ampliación del número de peritos especializados en corrupción, la Corte Suprema designó a nuevos profesionales para ese grupo. Se trata de los ingenieros civiles Francisco Guzmán, Eloy Bona y Rafael López Cabanillas, y el ingeniero en sistemas Maximiliano Bendinelli.

Según la acordada 17/17, el incremento en los haberes, retroactivo al 1 de junio de 2017, es “remunerativo y bonificable”. Un aumento similar y con las mismas características había sido concedido en abril último, con vigencia desde el 1 de marzo de 2017.

La Corte Suprema dispuso un aumento salarial del 10 por ciento para todas las categorías del escalafón del Poder Judicial de la Nación.

Según la acordada 17/17, el incremento en los haberes, retroactivo al 1 de junio de 2017, es “remunerativo y bonificable”. El escrito fue firmado por todos los jueces del máximo tribunal: su presidente Ricardo Lorenzetti y los ministros Elena Highton, Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz.

La decisión fue tomada luego que la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación habilitara la modificación de partidas presupuestarias, como se lo había pedido la Corte hace un par de semanas.

Un aumento similar y con las mismas características había sido concedido en abril último, con vigencia desde el 1 de marzo de 2017.

Fuente: Télam

La Cámara baja votó en general por 211 votos a favor y uno en contra el proyecto de ley que prohíbe la reducción de penas a los condenados por delitos de lesa humanidad.

La Cámara de Diputados aprobó ayer por amplia mayoría y envió al Senado el proyecto de ley para bloquear cualquier posibilidad de reducción de penas a los condenados por delitos de lesa humanidad, en una clara respuesta a la interpretación que hizo la Corte Suprema al aplicar el 2x1 a favor del represor Luis Muiña.

El proyecto contó con 211 respaldos y "el solitario" rechazo del salteño Alfredo Olmedo, que no es precisamente "El Llanero".

En un hecho poco habitual, el debate del proyecto aglutinó a todas las fuerzas de la Cámara, que se unieron para alterar el temario de la sesión prevista para esta tarde con el fin de incluir el tema de la conmutación de penas sobre el que se expidió la Corte Suprema.

El ingreso de las madres y abuelas de Plaza de Mayo a las bandejas del recinto de la Cámara generó el aplauso de pie de los diputados de todas las bancadas, en uno de los momentos más emotivos de las seis horas que demandaron el tratamiento del proyecto.

Durante el desarrollo de la sesión, que se inició a las 15.30 con otros temas, los referentes de todos los bloques comenzaron a trabajar en un texto consensuado en base a los seis proyectos que habían presentado legisladores de diferente extracción política.

Los diputados que presentaron proyectos fueron Victoria Donda, de Libres del Sur; la socialista Alicia Ciciliani; el kirchnerista Héctor Recalde; los macristas Daniel Lipovetzky y Pablo Tonelli; y Remo Carlotto, del Movimiento Evita.

En la mayoría de las iniciativas se planteaba eliminar cualquier amnistía o indulto a los genocidas y se especifica que no se podrá aplicar la ley del 2x1 a los condenados por delitos de lesa humanidad.

En el texto unificado los diputados aclaran que el beneficio del 2x1 "no es aplicable a conductas delictivas que se encuadren en la categoría de delitos de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra, según el derecho interno o internacional".

En el segundo artículo, precisa, además, que el beneficio del 2x1 "será aplicable solamente a aquellos casos en los que el condenado hubiere estado privado de su libertad en forma preventiva durante el período comprendido entre la entrada en vigencia (1994) y la derogación (2001) de aquella ley".

El pedido para tratar el tema estuvo a cargo de Donda, quien en carácter de presidenta de la comisión de Derechos Humanos, solicitó "dar un contundente y claro mensaje a la justicia que en este país no vamos a renunciar a la memoria, verdad y justicia".

La legisladora y nieta recuperada aseguró que “es grave la interpretación equivocada y vergonzosa que hizo la Corte Suprema que benefició a un genocida” y dijo que “no queremos a ningún genocida caminando en nuestras calles”.

Ya en su discurso de fondo, al hablar sobre el proyecto, expresó: "No vamos a permitir que se quiera volver a levantar un muro de impunidad en nuestro país; a los genocidas no se los perdona!”.

Por su parte Remo Carlotto, diputado del Movimiento Evita e hijo de Estela, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, reclamó "que los represores cumplan la totalidad de la pena” y calificó al fallo de la Corte Suprema como "vergonzoso” y que "ofende en todos los órdenes”.

Por el Frente para la Victoria, el también hijo de desaparecidos, Juan Cabandié consideró que "los días previos a esta sesión fueron muy movilizantes" y utilizó parte de su discurso para internar demostrar que el fallo de la Corte fue instigado por el Gobierno nacional.

Desde el PRO, Pablo Tonelli justificó el camino por el que se llegó al fallo aunque aclaró que no fue oportuno: "la sentencia no es un disparate; el voto de la mayoría es razonable y ajustado a principios clásicos del derecho, pero eso no significa que el resultado del fallo no haya sido desafortunado”.

En el cierre de debate, el presidente del interbloque Cambiemos, Mario Negri, sostuvo que “en casos de crímenes de lesa humanidad, el Estado argentino tiene compromisos internacionales y por ello no se puede indultar, ni amnistiar, ni aplicar reducción de penas a los autores de estos delitos”.

“Venimos a poner certidumbre frente a la incertidumbre y la zozobra que generó en los últimos días el fallo de la Corte”, expresó.

Por último, sentenció: "Somos nosotros los que interpretamos las normas que dictamos y que expresan la voluntad popular y la Justicia las aplica. Estamos ratificando un consenso inquebrantable que desde 1983 se viene construyendo en la Argentina en materia de DD.HH”.

Por el bloque Justicialista, Pablo Kosiner respondió que "no es verdad que los jueces no tenían otra opción, porque podían cumplir con los tratados internacionales" y advirtió: "No queremos que en pocos días ni los represores caminen por las calles junto a nuestros hijos".

Diputados trata la interpretación que hizo la Corte Suprema al aplicar el 2x1 a favor del represor Luis Muiña.

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