11 DE DICIEMBRE DE 2017 |

El vicepresidente de la Confederación, Edgardo Form, compartió esta mañana junto a otros dirigentes sectoriales un encuentro con el mandatario santafesino, quien rechazó el intento de gravar a las empresas de la economía solidaria de todo el país.

“Está en juego el desarrollo económico, cooperativo y mutual de la provincia”, expresó el gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, al encabezar esta mañana una reunión ampliada del Consejo Provincial de Asociativismo y Economía Social en la que participaron autoridades de Cooperar y otras confederaciones y federaciones sectoriales.

El eje del encuentro, en el que confluyeron funcionarios con dirigentes de Cooperar, Coninagro, CAM y otras entidades de primer, segundo y tercer grado, fue el proyecto de reforma de la Ley de Ganancias impulsado por el Gobierno Nacional, que en sus artículos 23 y 24 pretende alcanzar a cooperativas y mutuales aun cuando estas organizaciones no tienen fines de lucro.

"La ley 20.337 define a las cooperativas como entidades fundadas en el esfuerzo propio y la ayuda mutua para organizar y prestar servicios. Este concepto es claramente diferente del que caracteriza a las sociedades comerciales, en las que los socios se obligan a realizar aportes para aplicarlos a la producción o intercambio de bienes y servicios, participando de los beneficios y soportando las pérdidas", subraya el documento aprobado tras la reunión.

En él, las instituciones del sector y el Gobierno de la Provincia "peticionan ante el Congreso de la Nación para que se eliminen de la iniciativa del Gobierno Nacional los proyectados artículos Nº 23 y 24 que pretenden alcanzar a cooperativas y mutuales como sujetos del impuesto a las ganancias, modificando a la vez dicha ley para que sea reconocida la inexistencia del hecho imponible".

El texto incluye además una referencia a la Recomendación 193 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), según la cual "los gobiernos deberían establecer una política y un marco jurídico favorable a las Cooperativas y compatible con su naturaleza y función".

Form, quien suscribió el documento en representación de la Confederación Cooperativa (Cooperar), afirmó que "las cooperativas son empresas gestionadas democráticamente por sus usuarios, cuyo objetivo no es la retribución al capital sino garantizar el acceso a los servicios en condiciones de equidad y transparencia".

El ministro de la Producción, Luis Contigiani,  manifestó su preocupación por el "alto impacto" que tendría el cambio legislativo en Santa Fe y anticipó el objetivo de "establecer una agenda de acciones y una hoja de ruta a seguir para que al cooperativismo y al mutualismo no se los equipare con una sociedad anónima".

El gobernador Lifschitz, luego de repasar el aporte económico y social de estas organizaciones a la provincia, adelantó que van a pedir una reunión a las máximas autoridades nacionales. "Sabemos que hay una decisión política y que se trata de un tema profundo pero tenemos que intentarlo porque está en juego el desarrollo económico, cooperativo y mutual de Santa Fe y de otras provincias", concluyó.

Documento "El cooperativismo, el mutualismo y el gobierno santafesino, al país"

Las cinco confederaciones que nuclean al movimiento cooperativo se han dirigido a los legisladores de la Provincia de Buenos Aires alertando sobre las disposiciones lesivas para las cooperativas que establecen los artículos 102 y 106 del Proyecto de Ley Impositiva 2018. 

Esos artículos tratan de convertir en una simple exención la condición de no sujeción en el impuesto sobre los ingresos brutos de las operaciones que realizan las cooperativas con sus asociados, establecida oportunamente por una ley que hizo operativa la manda constitucional incluida en el artículo 41 de la carta magna provincial.

Por lo tanto, la derogación de la no sujeción en el gravamen implicaría una decisión manifiestamente anticonstitucional, al representar la derogación de una norma legal que efectivizó un precepto constitucional.

También las entidades representativas del cooperativismo han dejado trascender que en este tema es evidente la existencia de una campaña contra las cooperativas, impulsada por importantes intereses que se sienten afectados por el desarrollo de la economía social y solidaria en el territorio bonaerense durante las últimas décadas. 

"Nuevamente este año el Proyecto de Ley Impositiva 2018 de la provincia de Buenos Aires incluye disposiciones lesivas para las cooperativas, al reiterar una iniciativa que fue unánimemente desechada por la Legislatura en los últimos meses de 2016", señala el documento, firmado por las confederaciones Cooperar, Coninagro, CNCT, Conaice y Conarcoop.

Allí las entidades advierten que "se trata de transformar en una simple exención la no sujeción del acto cooperativo que en el impuesto sobre los ingresos brutos incorporó la ley 13.360, aprobada por unanimidad de ambas Cámaras en 2005". 

A través de esa norma se hacía operativa la manda del artículo 41 de la Constitución, cuyo texto expresa que la Provincia “fomenta la organización y desarrollo de cooperativas y mutuales, otorgándoles un tratamiento tributario y financiamiento acorde con su naturaleza”.

El vicepresidente de Coninagro, Carlos Iannizzotto, confirmó que la ayuda oficial será entregada en tres etapas y que alcanzará los 150 millones. Además, el dirigente cooperativo comentó que "el gobierno dio un precio orientativo que el sector pedía, que es $3,10 por litro".

(Ansol).- Los $150 millones que recibirá el sector vitivinícola por parte del Poder Ejecutivo serán entregados en tres etapas: la primera "son $57 millones destinados a productores hasta 20 hectáreas que tengan vino blanco escurrido, que va destinado a tetrabrick, o de mesa, y que tenga calidad organoléptica, o sea, que sea un vino bueno", aseguró Iannizzotto.

En diálogo con el programa Siempre que llovió paró (Radio Colonia), el vicepresidente de Coninagro, quien además es gerente de la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas (Acovi), explicó que "el ingreso de dólares por la vitivinicultura, hasta el 2011 fue de U$S 2.300 millones, mientras que el último año llegó a U$S 700 millones. Representamos el 6% de la cadena agrícola del país. Ahora el productor está iniciando la cosecha 2016, y el monto de la crisis que se arrastra es un sobre-stock que fue llevado a otras actividades no vinícolas, que llevó a una depresión de los precios".

"Necesitábamos un mercado que oriente y proteja. Fecovita ya sacó un comunicado de que va a hacer un esfuerzo para pagarle ese precio a sus productores, y se espera que el resto puede acompañar", dijo Ianizzotto, quien reconoció que "había un sector que prefería que el Estado directamente compre la uva, y otra parte que querían sacar la causa de la depresión, es decir, el sobrestock que se había producido por todos estos años en los cuales hubo un intervencionismo del Estado, que no fue a favor de la producción".

"También existe un problema de aranceles muy fuerte, está la política fiscal y además, el asociativismo. La concentración económica es una situación que da menos trabajos y menos salario, en cambio hay otras formas jurídicas que pueden proteger más al mediano productor", finalizó.

Fuente: Ansol

El jefe de Gabinete se refirió al cese de comercialización iniciado hoy por tres de las cuatro entidades de la Mesa de Enlace, al tiempo que criticó al líder del Frente Renovador, Sergio Massa, por su postura en favor de la eliminación de las retenciones agrarias, al afirmar que es “como el mate cocido; llena pero no engorda”.

“A Massa le han dicho que tenía que decir eso y ha dicho eso. Mañana le dirán que diga otra cosa y dirá otra cosa. Es como el mate cocido; llena pero no engorda. No le pidamos mucho más que eso”, disparó Aníbal Fernández cuando fue consultado por afirmaciones del precandidato, quien anticipó que, en caso de acceder a la Presidencia, eliminaría las retenciones al agro.

Así lo hizo en declaraciones formuladas esta mañana a la prensa al ingresar a la Casa de Gobierno, en las que sostuvo que la protesta que llevan adelante desde hoy Coninagro, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y la Sociedad Rural Argentina (SRA) “no es un paro” sino “un lockout patronal de quien tiene el manejo de determinados niveles de producción y, fundamentalmente, una oleaginosa de las características de la soja”.

De todas maneras, consideró que, a raíz de esta medida, “el campo muestra que empiezan a ponerse las cosas en su lugar” dada la no participación de la Federación Agraria, a la que diferenció de las otras entidades, en especial de la SRA, a la que -indicó- “nunca le preocupó realmente qué sucede con el productor chico y lo ha perjudicado cada vez que ha tenido oportunidad”

De esta forma, el funcionario hizo referencia a la protesta que desde las 0 de hoy y hasta el viernes llevan adelante tres de las cuatro entidades de la Comisión de Enlace, consistente en el cese de la comercialización de granos, hacienda en pie y leche. (Télam)

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