11 DE DICIEMBRE DE 2017 |

Se trata de un proyecto presentado por el Diputado Nacional Alejandro Grandinetti, del Frente Renovador UNA, que propone la creación de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, tendiente a verificar a las grandes empresas formadoras de precios para evitar que constituyan abuso de posición dominante. Prevén severas sanciones y multas que van desde cien mil hasta doscientos cincuenta millones de pesos.
        
Al respecto, el referente del espacio liderado por Sergio Massa afirmó entre los fundamentos de la iniciativa que “la defensa de la competencia fue expresamente incluida en la reforma constitucional de año 1994 (art. 42), siendo un instrumento fundamental para la organización de un mercado eficiente y dinámico apto para el desarrollo económico” y agregó que “es importante que exista un organismo autónomo del Estado en defensa de la competencia y de los consumidores, mitigando el riesgo de discrecionalidad con fines de oportunismo político y fenómenos de captura de la política pública por parte del sector privado”.
        
Además, el Legislador Nacional consideró en su escrito que “es necesaria la creación de esa Comisión como un ente autárquico, con autonomía económica y financiera, el cual también actuaría como una primera instancia judicial, en materia de sanciones administrativas” a la vez que señaló que “dada la celeridad necesaria en la regulación de la actividad comercial, es de vital importancia contar con una institución especializada que pueda resolver conflictos de forma rápida y eficaz”.
        
También aseguró que “de nada sirve un mandato constitucional o un organismo de defensa de la competencia que no tenga la potestad de sancionar cuando se descubre un comportamiento de posición dominante de mercado que va en contra de los consumidores” y detalló que “la norma apunta a controlar a los verdaderos formadores de precios, que están concentrados en un 60 % en las grandes industrias y superficies de comercialización”.
        
Según el proyecto, “quienes realicen los actos prohibidos serán sancionados con una multa de cien mil pesos ($ 100.000) hasta doscientos cincuenta millones de pesos ($ 250.000.000), monto que se actualizará por las cifras de inflación. En caso de reincidencia, los montos de la multa se duplicarán. Por su parte, se detalla que “la  Comisión podrá solicitar al juez competente que las empresas infractoras sean disueltas, liquidadas, embargadas o inhibidas”.
        
Dicha moción en defensa de la competencia surge en medio del nuevo plan económico denominado “Bajemos los precios”, impulsado por Sergio Massa y que pretende reducir en un 20%, aproximadamente, el valor de los productos que se ofrecen en la góndola, ayudando a las familias a ahorrar entre $800 y $1000 en sus compras mensuales. Ese programa incluye una campaña en Change.org, que ya lleva recolectadas 348 mil firmas que avalan el proyecto que pretenden presentar en el Congreso.
        
En ese sentido, finalmente, el Diputado Alejandro Grandinetti reconoció que su propuesta actúa como “complemento del plan presentado por Massa” porque explicó que “para poder actuar y evitar el aumento indiscriminado de los precios es imperioso contar con organismos estatales que no dependan del Gobierno Nacional y que cuenten con el presupuesto y la estructura necesaria para que puedan controlar y aplicar sanciones a quienes corresponda”.

El directorio de la empresa aprobó formalmente la venta de Telecom Argentina al fondo de inversión Fintech por 960 millones de dólares.

A partir de la oficialización y una vez las partes presenten la documentación correspondiente, las autoridades argentinas de regulación del mercado de telecomunicaciones, de comunicación audiovisual y de defensa la competencia tendrán a su cargo dar el visto bueno final a la operación para que se concrete la salida de Telecom Italia de Telecom Argentina.

La compañía italiana anunció la venta de su participación en Telecom Argentina al fondo de inversión Fintech, que pertenece al mexicano David Martínez La compañía italiana anunció hoy la venta de su participación en Telecom Argentina al fondo de inversión Fintech, que pertenece al mexicano David Martínez, por 960 millones de dólares.

Por el sector de telecomunicaciones los que deben evaluar el caso son la Secretaría de Comunicaciones, como órgano político y la Comisión Nacional de Comunicaciones, como oficina técnica; ambos dependencias funcionan bajo la órbita del Ministerio de Planificación Federal.

A su vez, como Fintech posee el 40% de las acciones de Cablevisión, la empresa de distribución de TV por cable e Internet del Grupo Clarín, la operación también debe contar con la aprobación de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca).

Además por la incidencia de la operación en términos de mercado, en el análisis final también intervendrá la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, que dependen del Ministerio de Economía.

El Grupo Telecom inició sus operaciones en la Argentina como una asociación entre Telecom Italia y France Telecom, que se adjudicó la zona norte de la ex estatal Entel, privatizada bajo la gestión de la entonces secretaria del área, María Julia Alsogaray, durante la administración del ex presidente Carlos Saúl Menem.

Con la explosión de la burbuja financiera de las telecomunicaciones e internet a fines de los 90 y principios del  2000, France Telecom anunció la decisión de retirarse del mercado argentino e ingresó en su reemplazo el Grupo Werthein, de capitales argentinos.

Una de las condiciones del pliego original del proceso de concesión era que entre los adjudicatarios hubiera una operadora de servicios de telecomunicaciones con experiencia; y la obligación de intervención de las autoridades regulatorias cuando una transferencia accionaria signifique un cambio en el control societario (decreto 62 del año 1990).

Respecto al primer punto, especialistas del sector coinciden en que "tras 13 años de operación ininterrumpida" del grupo Telecom Argentina, se considera que la discusión normativa sobre ese particular "está zanjada".

Telecom Argentina superó la crisis del 2001, y terminó de pagar deuda en el año 2010 bajo la batuta de Telecom Italia y el grupo Werthein. Tras el fin del sistema de AFJP y el traspaso a manos de la dependencia previsional de las acciones que las administradoras tenían hasta entonces en su poder, el Estado -a través de la Anses- colocó directores en la conducción de la empresa de telecomunicaciones.

En los últimos año de la década pasada, el Grupo Telefónica de España ingresaba a Telecom Italia a través de su participación en Telco que controla el 22,4% de la operadora italiana.

La situación tornaba a complicarse aún más luego que en los últimos meses, la firma española anunciara la decisión de incrementar su participación accionaria en Telecom Italia. 

Con la aparición en escena del fondo Fintech, las dudas que existían respecto a la continuidad de la situación de competencia entre Telecom Argentina y Telefónica Argentina a partir de esa situación, quedan saldadas con la salida del grupo italiano de la empresa local.

A través de un comunicado distribuido ayer en Roma, Telecom Italia consignó que su Directorio "aceptó durante la noche la oferta del Grupo Fintech para la adquisición de la totalidad del paquete accionario en Telecom Argentina (...) por 960 millones de dólares".

Al cierre del tercer trimestre del corriente año, el grupo Telecom Argentina aseguró contar con 12,9 millones de líneas móviles, lo que significó un incremento del 5% respecto al acumulado del período enero-octubre del año pasado. 

También tiene 1,7 millones de accesos de internet de banda ancha; un incremento del 4%, y 4,1 millones de líneas de telefonía fija que marcaron un descenso de 0,4%, respecto de los tres primeros trimestres del año 2012.

En el tercer trimestre que concluyó el 31 de septiembre pasado, "las inversiones en activos fijos aumentaron 77%" respecto de las realizadas en el mismo período del año pasado, en el marco del plan de invertir en "redes de acceso móvil y fijo e infraestructura de soporte"., según el comunicado del grupo Telecom.

En base al informe enviado a la Bolsa de Comercio porteña, en los primeros nueve meses del año las "inversiones de capital totalizaron 2.896 millones de pesos", un 32% más que en el mismo período del año pasado.

En tanto, las ventas consolidadas alcanzaron los 19.827 millones de pesos, un 24% más que en el período enero-octubre del año pasado; "impulsadas principalmente por el aumento en la penetración de los servicios de valor agregado, tanto móviles como fijos", entre otras cuestiones.

El máximo tribunal hizo lugar hoy a un recurso de queja del Estado y revocó una medida cautelar que beneficiaba al grupo Clarín, en el marco del proceso de toma de control del paquete accionario de Cablevisión y en el cual se había ordenado a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia abstenerse de resolver peticiones de terceros hasta que hubiese una resolución firme sobre la operación.

El máximo tribunal del país entendió que los demandantes, Clarín S.A. y Multicanal S.A., "no imputaron a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia la realización de actividad concreta alguna que haya podido generar la incertidumbre sobre su derecho a someter a aprobación la operación referida".

"Por el contrario, la pretensión tan solo se orientó a obtener una genérica declaración respecto de las potestades de la Comisión para conocer en la concentración económica", agregó el fallo.

La demanda rechazada por la Corte se había presentado contra el partido Movimiento Popular para la Reconquista y la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia alegando una "situación de incertidumbre debido a la actitud del presidente del mencionado partido político, quien los había intimado a no continuar con el procedimiento de concentración económica por el que procuraban que la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia aprobase la toma de control del paquete accionario de Cablevisión SA".

Ese partido habría intimado al grupo económico mediante un escribano y bajo "apercibimiento de iniciar acciones" penales.

Ante esto Clarín pedía una "declaración de certeza" judicial donde hubiese un aval al proceso de compra de acciones de Cablevisión, algo que la Corte desestimó.

Para ello revocó una medida cautelar que había sido confirmada por la sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, donde se ordenaba a la Comisión abstenerse "de resolver medidas cautelares per se o ante solicitud de terceros en las actuaciones administrativas iniciadas por las actoras hasta tanto se dictara resolución definitiva y firme sobre la operación".

Ante este fallo se presentó en queja el Estado Nacional y la Corte le dio la razón al sostener que no corresponde "el dictado de una genérica prohibición de demandar" que otorgaría a Clarín y Multicanal "una suerte de inmunidad jurisdiccional frente a terceros".

Télam

SEGUINOS. CONECTATE

Para comunicarte con GENTE-BA:

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

facebook.com/periodicogenteba

@genteba

Fotogaleria