20 DE AGOSTO DE 2017 |

Se trata de un proyecto presentado por el Diputado Nacional Alejandro Grandinetti, del Frente Renovador UNA, que propone la creación de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, tendiente a verificar a las grandes empresas formadoras de precios para evitar que constituyan abuso de posición dominante. Prevén severas sanciones y multas que van desde cien mil hasta doscientos cincuenta millones de pesos.
        
Al respecto, el referente del espacio liderado por Sergio Massa afirmó entre los fundamentos de la iniciativa que “la defensa de la competencia fue expresamente incluida en la reforma constitucional de año 1994 (art. 42), siendo un instrumento fundamental para la organización de un mercado eficiente y dinámico apto para el desarrollo económico” y agregó que “es importante que exista un organismo autónomo del Estado en defensa de la competencia y de los consumidores, mitigando el riesgo de discrecionalidad con fines de oportunismo político y fenómenos de captura de la política pública por parte del sector privado”.
        
Además, el Legislador Nacional consideró en su escrito que “es necesaria la creación de esa Comisión como un ente autárquico, con autonomía económica y financiera, el cual también actuaría como una primera instancia judicial, en materia de sanciones administrativas” a la vez que señaló que “dada la celeridad necesaria en la regulación de la actividad comercial, es de vital importancia contar con una institución especializada que pueda resolver conflictos de forma rápida y eficaz”.
        
También aseguró que “de nada sirve un mandato constitucional o un organismo de defensa de la competencia que no tenga la potestad de sancionar cuando se descubre un comportamiento de posición dominante de mercado que va en contra de los consumidores” y detalló que “la norma apunta a controlar a los verdaderos formadores de precios, que están concentrados en un 60 % en las grandes industrias y superficies de comercialización”.
        
Según el proyecto, “quienes realicen los actos prohibidos serán sancionados con una multa de cien mil pesos ($ 100.000) hasta doscientos cincuenta millones de pesos ($ 250.000.000), monto que se actualizará por las cifras de inflación. En caso de reincidencia, los montos de la multa se duplicarán. Por su parte, se detalla que “la  Comisión podrá solicitar al juez competente que las empresas infractoras sean disueltas, liquidadas, embargadas o inhibidas”.
        
Dicha moción en defensa de la competencia surge en medio del nuevo plan económico denominado “Bajemos los precios”, impulsado por Sergio Massa y que pretende reducir en un 20%, aproximadamente, el valor de los productos que se ofrecen en la góndola, ayudando a las familias a ahorrar entre $800 y $1000 en sus compras mensuales. Ese programa incluye una campaña en Change.org, que ya lleva recolectadas 348 mil firmas que avalan el proyecto que pretenden presentar en el Congreso.
        
En ese sentido, finalmente, el Diputado Alejandro Grandinetti reconoció que su propuesta actúa como “complemento del plan presentado por Massa” porque explicó que “para poder actuar y evitar el aumento indiscriminado de los precios es imperioso contar con organismos estatales que no dependan del Gobierno Nacional y que cuenten con el presupuesto y la estructura necesaria para que puedan controlar y aplicar sanciones a quienes corresponda”.

La ministra de Industria, Débora Giorgi, y su par de Economía, Axel Kicillof, le reiteraron el pedido a las terminales del sector automotor que disminuyan los precios de los autos, en al menos un 10%, y en contrapartida ofrecieron analizar la posibilidad de implementar un "esquema de financiamiento" que llegue al público.

Así lo informaron ayer fuentes que participaron del encuentro, luego que ambos ministros recibieran de manera conjunta a cada uno de los representantes de las terminales, en reuniones celebradas de manera separada.

En esas reuniones "quedó claro que son diferentes las situaciones de cada una de las compañías" ante la baja en las ventas que en abril pasado mostró una merma del 35% interanual.

En las reuniones, Kicillof estuvo acompañado por el secretario de Comercio, Augusto Costa, y la subsecretaria de Mejora de la Competitividad, Mariana González.

Por su parte, Giorgi estuvo secundada por su secretario de Planeamiento, Horacio Cepeda.

Los funcionarios recibieron, de manera separada, a la presidente de General Motors, Isela Constantini; al de Ranault, Thierry Koskas,; a los directivos del Grupo Peugeot-Citroën, Rodrigo Pérez Graciano; de Toyota, Daniel Afione y Diego Prado; y de Volkswagen, Luis Merens y Jorge Portugal.

A principios de la actual semana, la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) informó que el patentamiento de vehículos retrocedió durante abril 35% respecto de igual mes del año anterior.

Durante el mes pasado, se patentaron 52.901 vehículos, lo que representó una baja del 35 por ciento respecto de abril de 2013, cuando se habían registrados 82.042 unidades.

El acumulado del primer cuatrimestre refleja 272.095 unidades patentadas, con un descenso del 18% en comparación con el mismo lapso de 2013 cuando se habían registrado 333.065 vehículos.

El titular de la entidad, Abel Bomrad, sostuvo que "el mercado continúa mostrando una pronunciada baja, lo que ratifica que los concesionarios deberán adaptarse rápidamente a esta nueva realidad, muy diferente a la del pasado año récord".

La reunión celebrada hoy por Kicillof y Giorgi con las principales terminales es una continuidad de la celebrada a mediados del mes pasado, cuando las empresas se comprometieron a no despedir empleados.

En ese reunión también abordaron las negociaciones que mantienen  Argentina y Brasil por el comercio automotor, luego que el lunes  Giorgi, y su par de Industria brasileño, Mauro Borges, avanzaran  en la discusión para alcanzar un acuerdo destinado a equilibrar la balanza comercial del sector automotor, que el año pasado fue favorable a Brasil en 3.100 millones de dólares.

En ese marco, acordaron volver a reunirse el próximo miércoles en Buenos Aires, para terminar de cerrar el nuevo acuerdo en materia automotriz que regirá para ambos países. (Télam)

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