22 DE JULIO DE 2017 |

Juan Carlos Juárez, referente del espacio liderado por Margarita Stolbizer y precandidato a Senador bonaerense por el Frente 1País, consideró “inaudita la presentación judicial presentada ante la Corte Suprema de Justicia por la Administración Nacional de la Seguridad Social para intentar reducir los montos reclamados.

ANSeS ya presentó 15 recursos extraordinarios ante la Justicia. Se trata de los casos de demandas por reajuste del haber inicial por la falta de actualización adecuada de los sueldos que se tomaron como referencia para calcular el haber mensual.

El dirigente sostuvo que “después de casi quince años de reclamos por parte de los jubilados para tratar de cobrar lo que les corresponde, es un despropósito que ahora el Gobierno pretenda pagarles menos”.

En ese sentido, afirmó que “esta decisión vuelve a dejar al descubierto una política habitual de la gestión macrista, que consiste en atentar contra los sectores que menos tienen” y agregó que “buscan reducir los ingresos de los jubilados pensando que son quienes deben soportar la carga de un Gobierno que ha tomado una posición muy desacertada tanto en lo económico como en los social”.

Además, el especialista en temas previsionales del GEN dijo que “es evidente que el Gobierno pretende resolver los problemas del déficit fiscal, la inflación y las tarifas, presionando siempre sobre los sectores de ingresos fijos, generando una desigualdad extraordinaria que se suma a la que dejó el Kirchnerismo”.

Ante esta situación, Juan Carlos Juárez destacó que una de las principales propuestas de su espacio de cara a las próximas elecciones es “justamente proteger el sistema de seguridad social para defender los derechos de todos los jubilados y pensionados de país”.

La Unidad Fiscal lleva adelante distintos trámites judiciales contra el vaciamiento del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Además, denunció a IECSA del primo presidencial Angelo Calcaterra y otras 50 empresas por apropiación indebida de los aportes descontados a los trabajadores.

Por Redacción APU

El director ejecutivo de la Administración Nacional de la Seguridad Social, Emilio Basavilbaso, dispuso no prorrogar el convenio marco firmado en 2002 entre el Ministerio Público Fiscal y la Anses por el cual se había creado la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a los recursos de la Seguridad Social, encargada de investigar los delitos relativos al amplio universo de la seguridad social. Basavilbaso consideró en la resolución 104 que “si bien el convenio aludido representa un esfuerzo e iniciativa tendientes a procurar mayores niveles de pericia en la materia aludida, resulta apropiado establecer mejores y más modernos mecanismos de coordinación”. Lo que Basavilbaso no dice es que la decisión fue tomada luego de reiteradas presentaciones de la dependencia del MPF encabezada por el fiscal federal Gabriel De Vedia contra el vaciamiento del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Además, la fiscalia especializada habia realizado denuncias contra la ex empresa del primo del presidente Mauricio Macri Ángelo Calcaterra por incumplir con el pago de los aportes. Por otro lado, impulsó y logró la baja de jubilaciones de privilegio percibidas por ex funcionarios de la dictadura y pidió la revisión de pensiones honorificas de Malvinas de acusados por delitos de lesa humanidad.

Pero el joven PRO fue más lejos: el artículo 2 de la resolución instruye “a las áreas del organismo con competencia en la materia, a los efectos de que diseñen los ejes y herramientas de gestión que tiendan a establecer un mecanismo de interrelación eficiente y eficaz”. En términos simples establece que el problema no es la UFISES sino el trabajo de la UFISES. Por lo bajo, los funcionarios de la Anses explicaron que lo que molesta es Gabriel De Vedia, el fiscal a cargo de la UFISES, quien reemplazó al operador de Comodoro Py Guillermo Marijuan. “Si hubiesen dejado al enano, esto no pasaba”, concluyeron mientras recordaban que en diciembre de 2014 la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, apartó de la Unidad Fiscal a Marijuan, quien mantenía casi paralizada a la UFISES y la aprovechaba como fuente de recursos adicionales para su fiscalía.

El convenio que ahora será dejado sin efecto había sido firmado por el actual diputado nacional Sergio Massa, cuando estaba al frente de la Anses y el entonces procurador general de la Nación Nicolás Becerra. El documento establece que la Anses debe “aportar los elementos de infraestructura edilicia e informática, así como los recursos materiales necesarios para permitir el funcionamiento” de la UFISES. El propio instrumento prevé la posibilidad de rescisión, pero aclara que ese derecho de las partes “no interrumpirá las actividades y/o proyectos que se encuentren en curso de ejecución, en tanto éstos no prevean dicha posibilidad”, por lo que las investigaciones y expedientes abiertos no caerán como pretende el macrismo.

El trabajo de la UFISES

Entre 2015 y 2016, el equipo hasta hoy encabezado por el fiscal De Vedia inició 730 investigaciones preliminares. El 51% fueron presentadas por la propia Anses y el resto por otras dependencias públicas y particulares. El punto de mayor conflicto fue en mayo pasado, cuando el fiscal De Vedia solicitó la publicación de información sobre el estado y evolución del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Días antes, la UFISES había remitido a la justicia un informe sobre la venta de las acciones de Solvay Indupa por parte del FGS, lo que habría implicado un perjuicio para el Estado por 1.168.502 dólares. Esas acciones, junto a otras de muchas empresas, habían quedado en poder del Estado luego de la eliminación de las AFJP y ahora el gobierno está haciendo todo lo posible para que vuelvan “a sus dueños naturales”. En febrero, realizó una presentación contra el subdirector ejecutivo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, Luis María Blaquier, por negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas en concurso ideal con el de incumplimiento de deberes de funcionario público, por una operación con acciones de las empresas Arcor SAIC y Cablevisión S.A..

Otra de las actuaciones de la Unidad Fiscal que crispó los nervios de la alianza Cambiemos fue una denuncia presentada por la UFISES contra la empresa del primo del presidente, Ángelo Calcaterra. Según la UFISES, IECSA se apropió indebidamente de los montos que había descontado de los sueldos de los empleados durante los meses de diciembre 2015 y marzo del 2016 por un total de $8.653.861 pesos porque no realizó el depósito legal correspondiente. A los pocos días, la titular de la Fiscalía de Primera Instancia en lo Penal Económico N°7, María Gabriela Ruiz Morales, formuló el requerimiento de instrucción para que se investigue a IECSA SA y sus directivos Santiago Ramón Altieri, Juan Ramón Garrone, Héctor Javier Sánchez Caballero, Alejandra Erika María Kademian y Víctor Ramón Ignacio Folch por los hechos detallados por De Vedia.

Además, entre 2016 y 2016, la UFISES encabezó un proceso de revisión de los beneficios previsionales de represores condenados por delitos de lesa humanidad. Mientras desde el Poder Ejecutivo relativizaban el terrorismo de Estado, solicitó en junio pasado la baja de jubilaciones de privilegio percibidas por ex funcionarios de la dictadura . El pedido tardó en concretarse, pero en marzo de este año esos beneficios comenzaron a darse de baja. Además, el 2 de junio pasado, a raíz de una presentación de la UFISES realizada en noviembre de 2015, la ANSES suspendió la Pensión Honorífica a Veteranos de Malvinas condenados por delitos de lesa humanidad.

Pero además, la UFISES denunció a un grupo de abogados que tramitaban jubilaciones apócrifas en Misiones y Formosa y la retención de aportes a empleados del Gobierno de la Ciudad, de OSDE, de Radio Metro y de otras 45 empresas.

Juan Carlos Juárez, referente en materia de seguridad social del GEN afirmó que el Gobierno Nacional avanza en silencio con un proyecto que buscará elevar la edad y la cantidad de años de aportes necesarios para jubilarse. Señaló que el cierre de la Unidad Fiscal que investiga a la ANSES busca reducir los controles e impedir el acceso a la información sobre esa iniciativa y otros manejos.

En primer lugar, el referente del espacio que lidera Margarita Stolbizer rechazó la decisión del Director Ejecutivo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) Emilio Basavilbaso, quien dio de baja el convenio que mantenía con la Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos de la Seguridad Social, que recientemente había denunciado a IECSA, firma de la propiedad del primo de Mauricio Macri, y se encontraba investigando una presunta malversación de fondos del propio organismo previsional.
        
A través de una resolución fechada el 2 de junio y que lleva la firma del propio Basavilbaso, ANSES notificó a la UFISES el "no ejercicio de la prórroga" del convenio que mantenían entre ambos. Dicho acuerdo había sido firmado en el año 2002, tras haber sido impulsado por el propio Juárez (quien en esa época se desempeñaba como Gerente de Investigaciones administrativas) y por Sergio Massa (quien estaba al frente de la Dirección Ejecutiva) con el objetivo de fijar acciones conjuntas tendientes a la creación de una unidad especializada en materia de delitos vinculados a los recursos de la seguridad social.
        
Al respecto, el Secretario del Congreso Nacional del GEN, expresó que “siembra muchas dudas que el Gobierno haya decidido el cierre de dicha unidad, restando transparencia a su gestión” y denunció que “llamativamente eso se suma a una fuerte intención de Basavilbaso, junto al Ministro de Trabajo, Jorge Triaca, de avanzar en silencio en un supuesto código de seguridad social para extender la cantidad de años de aportes de los trabajadores y la edad necesaria para acceder a la jubilación”.
        
Además, sostuvo que “con la desaparición de la UFISES ya no se va a poder controlar cómo se administra y a qué se destina el Fondo de garantías de Sustentabilidad que tiene ANSES y que incluye miles de millones de pesos que pertenecen a los jubilados, ni tampoco cómo se manejan los recursos del blanqueo de capitales que se utilizan para abonar las sentencias previsionales”.
        
Finalmente, Juan Carlos Juárez dijo que “esa decisión del Gobierno no hace más que cerrar cualquier posibilidad de obtener transparencia en el manejo de los fondos de ANSES y siembra muchas sospechas sobre la conducción del organismo”.

El Ministerio de Finanzas dispuso la emisión de una Letra del Tesoro en pesos por un monto nominal de hasta $ 16.825 millones, a un año de plazo, a ser suscripta por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).

La Resolución 69-E publicada este jueves en el Boletín Oficial, establece que esta Letra del Tesoro en pesos tiene fecha de emisión el 11 de mayo, la suscripción será en uno o varios tramos y devengará intereses a una tasa variable más cinco puntos básicos, los que serán pagaderos trimestralmente los días 11 de agosto y 13 de noviembre de 2017, y 13 de febrero y 11 de mayo de 2018.

Los intereses serán calculados sobre la base de los días efectivamente transcurridos y cuando el vencimiento de un cupón no fuere un día hábil, la fecha de pago del cupón será el día hábil inmediato posterior a la fecha de vencimiento original, devengándose intereses hasta la fecha de efectivo pago.

La tasa variable será el equivalente al promedio aritmético simple, estimado por el Agente de Cálculo, de las tasas de interés de pases pasivos a siete días, contenida en el Informe Monetario Diario del Banco Central (BCRA).

El mencionado promedio se calculará desde siete días hábiles antes del inicio de cada cupón hasta siete días hábiles antes del vencimiento de éstos, incluyendo el primero pero excluyendo el último.

La Tasa Variable se expresará de manera porcentual y se redondeará a cuatro decimales, y el Agente de Cálculo será la Oficina Nacional de Crédito Público dependiente de la Subsecretaría de Financiamiento del MInisterio de Finanzas.

La amortización será íntegra al vencimiento, aunque el suscriptor podrá disponer la cancelación anticipada de esta Letra, que será intransferible y no tendrá cotización en los mercados de valores locales e internacionales.

Fuente: Télam

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