20 DE FEBRERO DE 2018 |

Un grupo de jueces, fiscales y académicos alertan sobre las consecuencias en la región del proceso judicial contra Lula en Brasil. ¿Qué es el "lawfare"?

Por Santiago Gómez - Desde Florianópolis

Un grupo de abogados, fiscales, jueces y académicos del derecho de Brasil, escribió una carta a los juristas del mundo con el objetivo de alertar sobre las consecuencias que tendrá en la región la acción conjunta del capital financiero, los medios de comunicación, el Ministerio Público y el Poder Judicial, contra el ex Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, acción que la defensa del ex mandatario denomina como “lawfare”. "Lo que sucede actualmente en Brasil, se reflejará en la fragilización política e institucional de todas las jóvenes democracias latinoamericanas”, afirman en la carta.

Fue el Mayor General Charles Dunlap Jr., miembro de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, el primero en describir el término “lawfare” como la utilización de leyes y procedimientos jurídicos como armas de guerra. Para Valeska Teixeira y Cristiano Martins, abogados del ex Presidente Lula, el “lawfare” es el término utilizado en referencia al uso abusivo y frívolo del derecho, nacional o internacional, como forma de atacar objetivos militares, económicos y políticos, eliminando, deslegitimando o incapacitando un enemigo.

John Gledhill, profesor de la Universidad  de Manchester, a quien la defensa de Lula hizo referencia en su presentación ante el juez Sérgio Moro, afirmó que lo que se vivió en Brasil “es la forma como la aplicación selectiva de lo que podría ser llamado “lawfare” promueve un clima de desilusión popular en que un gobierno democráticamente electo puede ser removido del poder”.

Para la defensa del ex Presidente, la Operación Lava Jato es un claro ejemplo de lawfare, y para afirmar ello señalaron, en una nota difundida a los medios de comunicación, las tácticas de lawfare utilizadas en la misma:

- Manipulación del sistema legal, con apariencia de legalidad, con fines políticos;
- Utilización de procesos judiciales sin cualquier mérito;
- Abuso del derecho para damnificar y deslegitimar un adversario;
- Promoción de acciones judiciales para acabar con la credibilidad del oponente;
- Intento de influenciar a la opinión pública: utilización de la ley para obtener publicidad negativa;
- Judicialización de la polítca: la ley como instrumento para conectar medios y fines políticos;
- Promoción de la desilusión popular;
- Criticar a aquellos que usan el derecho internacional y los procesos judiciales para hacer reivindicaciones contra el Estado;
- Utilización del derecho como forma de constringir y punir al adversario;
- Bloqueo y represalias a los intentos de los actores políticos de hacer uso de procedimientos disponibles y normas legales para defender sus derechos;
- Acusación de las acciones de los enemigos como inmorales e ilegales, con el fin de frustrar objetivos contrarios.

Ante esta situación, distintos referentes nacionales e internacionales del derecho en Brasil, redactaron la “Carta a los Juristas del Mundo”, en la que alertan sobre la utilización de estas técnicas en el proceso que se está llevando a cabo contra el ex Presidente, y que tendrá el próximo 24 de enero una fecha clave. Ese día el Tribunal Regional Federal número 4, deberá decidir sobre la condena a 9 años de prisión que el juez Sérgio Moro dictó a Lula. Caso la Cámara confirme la sentencia, cuando el 15 de agosto de 2018 Lula inscriba su candidatura, la oposición buscará impugnarla, por tener una condena en segunda instancia, por lo que deberá decir el Supremo Tribunal Electoral si acepta la impugnación o no.

Los juristas brasileros piden la atención de los juristas del mundo porque “lo que sucede actualmente en Brasil, se reflejará en la fragilización política e institucional de todas las jóvenes democracias latinoamericanas” y solicitan adhesiones a la carta. Los mismos denuncian la utilización de las delaciones premiadas en alianza con los medios de comunicación, para seleccionar y filtrar a los medios las mismas, con el único objetivo de atacar a Lula. En la carta también se denuncia el hecho de que jueces, camaristas y miembros del Supremo Tribunal brindaran opiniones sobre un proceso que está bajo su propia jurisdicción, así como el prejuzgamiento de acusados y detenidos.

Entre los firmantes de la carta se encuentra  Leonardo Isaac Yarochewsky, destacado abogado penalista;  Rômulo de Andrade Moreira, Procurador de Justicia del Ministerio Público de Bahia y profesor de Derecho Procesal Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad Salvador; Gisele Cittadino, coordinadora del Programa de Maestría y Doctorado de la Pontificia Universidad Católica de Rio de Janeiro, quien participó en la elaboración del libro “Comentarios a una sentencia anunciada: el prcoceso Lula", en que se explica y analiza el procesamiento contra el ex presidente.

A continuación la carta completa y el mail para enviar las adhesiones:

Carta a los Juristas del Mundo

Nos dirigimos a la comunidad jurídica internacional – juristas, académicos, estudiosos y operadores del Derecho, jueces- para solicitar su atención a lo que sucede actualmente en Brasil, que se reflejará en la fragilización política e institucional de todas las jóvenes democracias latinoamericanas. El Estado de Derecho en nuestro país está siendo corroído después del golpe contra la Presidenta Dilma, iniciado a través de un Congreso mayoritariamente corrupto, comprometido con fuerzas económicas espurias. Sofocaron la fuerza normativa de la Constitución y en alianza con los medios oligopólicos naturalizaron la “excepción” con recurrentes violaciones a principios y normas constitucionales que caracterizan y sustentan una saludable vida democrática.

El desencadenamiento de un conjunto de procesos contra la corrupción sistémica en el país – justa acción del Ministerio Público que despertó la simpatía de toda la población y las personas de bien de todas las clases y partidos democráticos de la nación- es la consecuencia de “aparatear” las medidas anticorrupción para la instrumentalización política de sectores de la derecha y extrema derecha del Ministerio Público, que hoy se erigen purificadores de la moral pública nacional. Lo hacen especialmente para atacar la figura del Presidente Lula, buscando anular su participación en la próxima disputa presidencial. Ninguna persona está por encima de la ley y no nos oponemos a cualquier investigación o procesamiento de quien quiera que sea; sin embargo, con la complicidad de parte del Poder Judicial, el Sistema de Justicia, no solo en relación a Lula, pero especialmente a razón de él, han sofocado el derecho a la amplia defensa, tratándolo de forma diferente y discriminatoria y creando normas procesales de “excepción” contra él y varios investigados y procesados, típico “lawfare”, subordinado al proceso electoral.

Son los siguientes, los elementos de hecho y de derecho, que caracterizan este proceso de perversión y dilución de las funciones institucionales del garantismo democrático:

1. Instrumentalización política de las “delaciones premiadas”, con la complicidad mayoritaria de los medios, para direccionar y seleccionar la filtración de las informaciones;
2. Medidas coercitivas de carácter nítidamente político, innecesarias, que estremecen los dispositivos procesales del Estado de Derecho formal, con el visible objetivo de desmoralizar a los líderes políticos que ni siquiera fueron convocados a declarar, medida que ahora se encuentra provisoriamente suspendida por decisión monocrática de un ministro del Supremo Tribunal Federal;
3. Prisión preventiva de largo curso, coactivas, destinadas a buscar específicamente declaraciones contra el Presidente Lula, blanco preferido de los Procuradores de Curitiba;
4. Manifestación pública de jueces, camaristas y ministros del Supremo Tribunal Federal, participando del contencioso político y muchas veces adelantando opiniones y votos sobre procesos que están bajo su jurisdicción;
5. Humillación a través de los medios de reos, investigados y presos, “juzgando” a los mismos de forma anticipada, fuera del proceso, cortejando y promoviendo como héroes a los integrantes del MP y del Poder Judicial que sustentan sus prejuzgamientos.

Es necesario que esas informaciones sean claramente comprendidas por la comunidad jurídica internacional, a quien solicitamos apoyo para la lucha de los brasileros comprometidos con la ética pública, la seguridad jurídica, la preservación de la soberanía nacional y la reconstrucción de la democracia.

Las adhesiones deben ser enviadas, informando nombre, profesión e institución en la que se desempeña, a: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Traducción: Santiago Gómez

Las migraciones, un asunto que hoy invade las agendas en todo el mundo y altera peligrosamente los rumbos políticos en el Norte desarrollado, es un desafío global en el que América Latina se erige esta vez como un ejemplo de las prácticas más avanzadas. La última evidencia de ese contraste llegó recientemente, cuando el presidente Donald Trump retiró a Estados Unidos del proceso de firma del Pacto Mundial por una Migración Segura, Ordenada y Regular, iniciado en la ONU a fines de 2016, antes de que el magnate y sus consignas xenófobas desembarcaran en la Casa Blanca.

Por Jorge Argüello

Desde ya, las urgencias económicas son el motor universalmente reconocido del movimiento de personas y familias de un país a otro. Nuestra región, aun siendo la más desigual del planeta, ha evitado la tentación de “securitizar” sus políticas migratorias, sin dejarse ganar por el miedo y la discriminación que domina Estados Unidos y Europa.

Como ha establecido la Confederación Sudamericana de Migraciones (CSM), “las personas migrantes, en su proceso de inserción e integración, como de vínculo, se transforman en actores fundamentales en el desarrollo humano, económico, cultural, social y político”.

La idea de un pacto de alcance universal nació de la Declaración de Nueva York que emitió en 2016 una cumbre especial de la ONU, en la que los Estados se comprometen también en lo inmediato a proteger los derechos humanos de todos los refugiados y migrantes, independientemente de su condición, a condenar enérgicamente la xenofobia contra ellos, y a reforzar su contribución positiva al desarrollo económico y social de los países de acogida.

La real dimensión. Solo desde aquella tragedia del naufragio de Lampedusa (Italia), que conmovió al papa Francisco en sus primeros días de pontificado, en 2013, unas 15 mil vidas de adultos y niños se han perdido en el intento de cruzar irregularmente el Mediterráneo desde las costas de Africa, y por ahora los gobiernos europeos no han tenido mejor respuesta que invertir ingentes fuerzas políticas y dinerarias sólo en bloquear su llegada.

Aun así, según un completo informe publicado en 2016 (McKinsey Global Institute), el 90% de los 247 millones de migrantes del mundo se trasladaron ese año a través de las fronteras por su propia voluntad, en general movidos por razones económicas. De ese total, 65,6 millones de personas han decidido abandonar sus hogares a causa de conflictos bélicos y persecuciones.

Uno de cada diez del total de migrantes (24 millones) es refugiado y solicitante de asilo. En su gran mayoría provienen de Medio Oriente y el norte de Africa. Y más de la mitad de ese universo son niños y adolescentes.

Los intentos de establecimiento en Europa de estos millones de personas desplazadas dispararon las alarmas sociales primero, y políticas después, con un reverdecer de fuerzas nacionalistas, xenófobas y hasta neonazis.

Del resto, la mayor parte de los migrantes se trasladan a naciones vecinas o del mismo continente, y aunque la mitad se mueve hacia países desarrollados en busca de mejorar legítimamente sus condiciones de vida, su impacto en el PBI mundial triplica su mera dimensión demográfica, y el 90% del beneficio queda en los países de acogida.

En América Latina, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), los patrones cambiaron y tendemos a movernos cada vez más en la región, en especial desde la última década, cuando países receptores como Estados Unidos y España endurecieron sus políticas migratorias mientras los nuestros las mejoraron y promovieron el regreso de sus nacionales y también los desplazamientos entre países.

Los censos nacionales realizados entre 2000 y 2010 en la región mostraron un aumento del 32% de latinoamericanos viviendo en otro país de la región, y entre 2009 y 2015 nuestros países concedieron más de dos millones de residencias temporales y permanentes a personas de naciones vecinas motivadas por la búsqueda de trabajo, el tránsito fronterizo, la movilidad indígena, la reunificación familiar, la movilidad por estudios y la búsqueda de refugio por persecución política (Cepal).

De todos modos, la mayor la cantidad de emigrantes latinoamericanos reside en países extrarregionales, muchos emigran hacia Estados Unidos (unos 20 millones), aunque México representa el 40% de la emigración regional, con 12 millones de sus ciudadanos viviendo fuera del país, sobre todo en su vecino del norte. Haití, el país más pobre de América Latina y el Caribe, vio emigrar 400 mil personas desde 2000, un tercio de ellos a la vecina Dominicana, la mayoría a Estados Unidos y algunos al Cono Sur.

Migrar con derechos. Camino a un pacto que ponga los derechos de los migrantes en el centro de nuestras leyes, con libertad de movimiento y ciudadanía ampliada, es importante tener en claro que la falta de oportunidades en los países de origen, tan determinante para las migraciones desde siempre, es efecto y no causa de la desigualdad económica y social que caracteriza esta etapa del capitalismo globalizado.

Como demostró América Latina, en particular a través de las experiencias de acuerdos subregionales en el Mercosur y la Comunidad Andina, cualquier “gobernanza migratoria” exige un abordaje integral y multilateral del fenómeno, y una valoración positiva de sus efectos a largo plazo. Las migraciones solo han consolidado el proceso de integración de nuestros países.

Además de los estamentos políticos e institucionales, el amplio arco de la sociedad civil necesita comprometerse con todos los aspectos del proceso, en particular en la lucha contra el tráfico de migrantes y la trata de personas, que sigue desafiando las mejores intenciones y leyes que podamos darnos.

El papa Francisco, comprometido hoy con el drama de refugiados rohingyás de Sri Lanka y entusiasta del Pacto Mundial por la Migración, señaló la ruta que vale la pena mantener cuando el horizonte se nubla por el temor a lo distinto: “El principio de la centralidad de la persona humana –dijo– nos obliga a anteponer siempre la seguridad personal a la nacional”.

América Latina ha sido históricamente objeto de recomendaciones de parte del mundo desarrollado, en algunos casos pertinentes, pero esta vez, ante una realidad global que excede respuestas nacionales, es la región que puede dar el ejemplo y liderar la recuperación de valores humanos sobre los que, hasta no hace mucho, recibía lecciones.

Según las proyecciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), la región sufrirá una baja en la inversión. Por eso la entidad recomendó a los gobiernos generar políticas para atraer flujos.

La inversión extranjera directa (IED) en América Latina y el Caribe caerá 5 por ciento en 2017, con lo que acumulará cuatro años consecutivos de contracción, según proyecciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), que recomendó a los gobiernos generar políticas para atraer flujos a la región.

La baja prevista de la IED para este año, sin embargo, es menor al retroceso de 7,9 por ciento registrado en los flujos de capitales extranjeros hacia la región en 2016, cuando se invirtieron 167.043 millones de dólares, indicó el organismo, que relevó que en Argentina la caída fue de 64 por ciento.

La disminución de la inversión foránea en América latina y el Caribe, que representa 10 por ciento de la IED, fue similar a la de 2015, pero menor al 14 por ciento promedio del período 2011-2014, según el informe anual de la Cepal, presentado hoy en la sede del organismo en Santiago de Chile. Esta tendencia a la baja en la Inversión extranjera directa se mantiene desde 2011, cuando alcanzó su máximo, y acumula desde ese año una disminución de 17 por ciento.

Fuente: Télam

"BA-Csirt" aborda desde los peligros más comunes en redes sociales hasta el secuestro de información (ransomware) para informar a la población si debe hacer una denuncia, según contó su director.

La Ciudad de Buenos Aires tiene el primer centro en América Latina orientado a asesorar, aconsejar y concientizar al ciudadano en temas sobre ciberseguridad, el cual se denomina "BA-Csirt" y aborda desde los peligros más comunes en redes sociales hasta el secuestro de información (ransomware) para informar a la población si debe hacer una denuncia, según contó su director.

"Hace dos años que venimos trabajando en este proyecto y finalmente comenzó a funcionar de forma oficial desde noviembre pasado como el primer centro en América Latina sobre ciberseguridad, cuya comunidad objetiva son los ciudadanos", afirmó a Télam Gustavo Linares, director del BA-Csirt, que depende de la Agencia de Sistemas de Información (ASI).

Este centro (@BACSIRT, en Twitter) está enfocado en ofrecer servicios de prevención y educación en aspectos que involucren el uso de la tecnología de diferentes modos: capacita y entrena a la comunidad, publica avisos sobre vulnerabilidades de software y hardware, e informa sobre código y contenidos maliciosos, entre otras funciones.

"Otro de los aspectos importantes es que distribuye boletines de información tecnológica con un lenguaje coloquial para que pueda ser entendido por toda la comunidad, sin contar con conocimientos técnicos", subrayó Linares.

En este sentido -continuó el directivo-, es más fácil que la persona pueda conocer los aspectos que hacen a la seguridad informática de sus dispositivos.

Por ejemplo, el caso del secuestro de información denominado "ransomware" -citó-, un tipo de ataque informático que desde el 2016 ha registrado un gran crecimiento en todo el mundo.

De hecho, en diciembre pasado se ha detectado una nueva variante de ransomware con la que los atacantes pretenden expandir aún más el número de infecciones generadas por este tipo de malware. Así, le ofrecen a la víctima -a quien previamente se le encriptan los archivos en su equipo- la posibilidad de recuperar sus datos a cambio de dinero (la forma tradicional) o de transmitir el link con el software malicioso a dos personas más, para infectarlos.

Si bien este malware es muy conocido dentro de la comunidad técnica, una parte de la población no tiene idea de sus consecuencias ni tampoco de cómo actuar en caso de ser víctima.

"En el centro escuchamos a las personas que son víctimas de algún ataque informático y también las orientamos en caso que tengan que hacer una denuncia", señaló y mencionó la labor de la Fiscalía especializada en delitos informáticos.

De esta forma, las personas ya pueden comunicarse con el BA-Csirt a través del formulario de contacto vía web http://www.ba-csirt.gob.ar/?u=contacto. O por teléfono al (5411) 4323-9300 interno 1417, los días hábiles en el horario de 9 a 17.

"Nuestro objetivo es promover el uso responsable de las tecnologías por parte de los ciudadanos y brindar servicios de información seguros, desde un centro de respuesta confiable y referente para la comunidad", destacó el directivo.

Por otra parte, también se enfocan en los peligros más frecuentes que experimentan los menores en las redes sociales, como el bullying, grooming o robo de identidad.

"Hay personas que no saben cómo actuar ante alguno de estos casos o desconocen que el grooming (acoso sexual virtual a menores) es un delito, y por tal deben realizar la denuncia correspondiente ante la fiscalía", precisó a Télam Daniel Monastersky, asesor del BA-Csirt y director de Legales de la consultora de tecnología FSA Latam.

Por eso, destacó la formación de este centro que va a informar a la sociedad sobre cómo actuar, y asesorarla respecto de qué configura un delito y qué no.

El BA-Csirt ya tiene disponible en su web un documento que es una guía práctica para padres, niños y docentes sobre los "peligros en Internet": http://www.ba-csirt.gob.ar/files/Peligros.pdf

En el material, se explica en un lenguaje muy didáctico desde los riesgos en redes sociales, hasta el uso de dispositivos móviles, el robo de identidad y recomendaciones para juegos online.

En la Ciudad de Buenos Aires, las denuncias por grooming presentadas ante la Fiscalía de Delitos Informáticos "prácticamente se duplicaron" respecto de 2015, según confirmó a Télam Daniela Dupuy, fiscal a cargo de esa dependencia.

El incremento -resaltó Dupuy- responde a un mayor conocimiento sobre este delito y también a que las personas "ya no tienen vergüenza de dar a conocer estas situaciones".

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