17 DE ENERO DE 2018 |

“Los ataques a abogados, jueces y sindicatos son el prólogo de una reforma laboral regresiva”, afirmó Matías Cremonte, presidente de AAL

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recibió hoy en Montevideo, Uruguay, denuncias sobre violaciones a los derechos humanos laborales durante el gobierno de Mauricio Macri. “Se busca eliminar la representación de los trabajadores y se lo hace atacando a los abogados laboralistas, a los  jueces del trabajo y a los sindicatos. Se necesita imponer un clima para avanzar después con una reforma laboral regresiva, que es en sí misma inconfesable y que, entonces, es presentada bajo un ataque a una presunta corporación”, afirmó Matías Cremonte, presidente de la Asociación de Abogadas y Abogados Laboralistas (AAL), una de las entidades impulsoras de la denuncia.

La audiencia celebrada en Uruguay fue convocada a pedido de AAL, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la CTA de los Trabajadores, CTA Autónoma, Aceiteros, ATE, SUTEBA, Metrodelegados, Asociación Nacional de Jueces y Juezas del Trabajo (ANJUT), entre más.

“El gobierno ataca a los abogados que defienden trabajadores, a los jueces laborales que tienen el mandato legal de garantizar el principio protectorio, interviene sindicatos y toma como enemigos a aquellos que ejercen la representación colectiva del eslabón más débil del mundo del trabajo”, dijo Cremonte, uno de los oradores de la denuncia argentina ante la CIDH.

“Vinimos a  exponer ante esta Comisión  porque en los últimos meses en la Argentina se ha verificado un cuadro de hostigamiento y criminalización de dirigentes sindicales, la “intervención” de diversos sindicatos y la estigmatización y persecución de jueces del fuero laboral y de abogados ligados a la defensa de los trabajadores”, reza al inicio el documento de denuncia que será analizado por la CIDH, órgano de la OEA, que ahora deberá resolver qué medidas adopta en relación a la responsabilidad jurídica internacional del Estado argentino.

“Los derechos laborales son derechos humanos fundamentales. En ese contexto, los abogados laboralistas son Defensores de Derechos Humanos y garantes del derecho de acceso a la justicia (..) El agravio permanente a los abogados comprometidos con la defensa de los derechos de los trabajadores, busca atemorizarlos y dificultar que cumplan su función primordial: ser el puente entre los trabajadores y la Justicia Laboral y otras instancias administrativas. Se trata de un ataque a la representación de los trabajadores, con el objetivo de eliminar la defensa legal y la acción colectiva, de modo de retornar a la relación individual entre la empresa y el empleado, justamente la razón de ser del Derecho Social”, agrega el documento.

La denuncia presentada ante la CIDH está fundada, entre más, en la arbitrariedad de los pedidos de juicio político a los jueces laborales por el contenido de sus sentencias; en los ataques a los abogados como forma de obstaculizar el acceso a la justicia; y la criminalización de la protesta social y del conflicto colectivo del trabajo; todo en el contexto del anuncio de reformas legislativas y convencionales regresivas.
 
Asociación de Abogadas y Abogados Laboralistas

El presidente de la Asociación de Abogadas y Abogados Laboralistas (AAL), Matías Cremonte, afirmó hoy que el gobierno “tomó a los trabajadores organizados como su enemigo” y desarrolla un programa político que se propone “restituir el derecho del trabajo del siglo XIX”.

“No se trata simplemente de una reforma laboral regresiva; se ha tomado como enemigo al trabajador organizado de modo de dejar librada su suerte a la voluntad del empresario Se pretende debilitar a las organizaciones sindicales, afectar la independencia de los jueces laborales; en definitiva, destruir la esencia del derecho del trabajo", analizó Cremonte, abogado de ATE y Aceiteros, en la apertura de la 43ra. edición de las jornadas anuales de AAL, que se inauguraron anoche y continuarán hasta el sábado en Gualeguaychú, Entre Ríos.

Cremonte enfatizó que la reforma laboral que los empresarios proponen como horizonte, la que se acaba de implementar en Brasil, es “nefasta” porque “destruye el derecho colectivo” y aseguró que el Convenio Colectivo petrolero firmado en Vaca Muerta, que el gobierno argentino postula como modelo, tiene el objetivo de “aumentar la rentabilidad empresaria con la antigua receta de aumentar la jornada sin pagar más o directamente bajar el salario de los trabajadores al eliminar algunos rubros de la remuneración", sin atender ningún progreso en materia de productividad o renovación tecnológica.

"Los funcionarios dicen que hay que modernizar los convenios colectivos, pero su receta nos lleva al siglo XIX", agregó.

En la apertura de las jornadas, a la vez, Hugo Blasco, secretario general de la Federación Judicial Argentina, afirmó que la Argentina se encuentra en una etapa de “retroceso” en materia del reconocimiento de los derechos laborales y enfatizó que son los sindicatos los que pueden jugar un rol en la respuesta a esas políticas.

Por su parte, Mario Elffman,  docente y ex integrante de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, analizó la actuación de la juricatura en ese crítico contexto para el mundo del trabajo y señaló que los jueces deben ser “imparciales pero nunca neutrales”, porque deben cumplir su mandato legal de garantizar los derechos legislados.

Las jornadas de AAL continuarán el viernes y sábado en el Centro de Convenciones de Gualeguaychú, Entre Ríos, que a su vez son el prólogo de la decisiva audiencia pública que se realizará el 24 de octubre en Montevideo, convocada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y en la que se examinarán las violaciones del gobierno argentino a los derechos humanos laborales.

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