24 DE OCTUBRE DE 2017 |

Más de 300 empresarios pymes se reunieron ayer con la Comisión de Industria en el Congreso nacional, donde reclamaron medidas urgentes para atender la crítica situación de la industria argentina. “Pedimos que se derogue el decreto 629, que habilita la importación de bienes de capital usado; la implementación de una tregua impositiva por 365 para acceder a moratorias pagables, suspendiendo embargos y ejecuciones; la aplicación de la ley de Compre argentino mientras se debate una ley nueva; y la apertura urgente del debate sobre la reforma impositiva y de juicios laborales, entre otros temas”, explicó Eugenio Hadges, presidente de la cámara argentina de Pymes Proveedoras de la Industria de las Telecomunicaciones (CAPPITEL), a al finalizar el encuentro.

Durante la reunión presidida por el diputado De Mendiguren, se presentó un documento con 12 puntos fundamentales para la industria pyme que requiere ser debatido en el Congreso nacional.

“Necesitamos que el Congreso tome nota de lo que está pasando en la industria, que los legisladores entiendan que de esta forma no podemos seguir y que es urgente el tratamiento de leyes y propuestas que permitan activar la producción nacional”, afirmó el titular de CAPPITEL.

Al respecto, destacó que “los legisladores se comprometieron a evaluar las propuestas presentadas y trabajar en forma conjunta con equipos técnicos que permitan elaborar leyes o modificaciones a favor de las pymes”.

El sector empresario presentará en un plazo máximo de 30 días propuestas técnicas y comenzarán las rondas de trabajo conjunto.

“Es importante que se empiece a trabajar, pero es imperioso atender los temas urgentes, como la derogación del decreto 629”, concluyó Hadges.

Las PyMes cuestionan el plan de desindustrialización del Gobierno y las medidas de desarrollo sólo para los sectores primarios de la economía

Buenos Aires, 31 de agosto de 2017.- El presidente de la Cámara Argentina de Pymes Proveedoras de la Industria de las Telecomunicaciones (CAPPITEL), Eugenio Hadges, aseguró hoy que “no hay motivos para festejar el Día de la Industria, en momentos en que el Gobierno lleva adelante un plan sistemático de desindustrialización” y cuestionó que “todas las medidas benefician solamente a los sectores primarios de la economía”.

“No se trata de medidas aisladas, ni de errores, el Gobierno lleva adelante un plan sistemático de desindustrialización, que busca desarrollar el campo y las grandes corporaciones petroleras y mineras, en detrimento del resto de los sectores de la industria y de las pequeñas y medianas empresas”, aseguró Hadges.

Al respecto, señaló que “todas las medidas que se han tomado desde el Gobierno dan muestra de esta decisión, como el permiso de importación para bienes de capital usado; la baja de aranceles para la importación (tanto para la industria petrolera como para maquinaria agrícola); la quita de incentivos fiscales para productos que se fabrican en el país, y la baja de retenciones para el campo y la minería, entre otras decisiones”.

Hadges mencionó que “como contrapartida, para las pymes no se han tomado medidas de fondo que alivien su situación y, por el contrario, siguen con los problemas que traen de arrastre de años anteriores, la no competitividad por costos de materia prime, elevado costo laboral (costo impositivo, los costos de las ART, el creciente ausentismo, la industria del juicio), como el accesos a financiamiento real, los costos de las ART, entre otros problemas”.

“En 2016 cerraron más de 5.000 pymes y en lo que va de este año bajaron sus persianas otras 2.000, estos números son los que muestran la decisión del Gobierno de desindustrializar el país, apostando a sectores primarios y más concentrados”, explicó el presidente de CAPPITEL.

En cuanto al sector de las telecomunicaciones, advirtió que “se está trabajando al 50 por ciento del nivel de producción con respecto a 2016, año en el que ya había caído la producción, situación que inevitablemente termina en la reducción de empleo”.

“Las pymes estamos fuera del plan del Gobierno, pese a que somos las mayores generadoras de empleo, representando más de siete de cada diez puestos de trabajo”, afirmó Hadges y lamentó que “nada indica que se vaya a revertir este plan de desindustrialización”.

Al respecto, el titular de CAPPITEL señaló que “si lo que las pymes fabrican no hace falta en el país y deben reconvertirse, tiene que haber un plan del Gobierno que ayude en el proceso”. “Tenemos que decidir qué país queremos ser y desde el Estado debe haber un plan a largo plazo y un fuerte apoyo para alcanzar ese objetivo. No se puede estar cambiando el plan cada cuatro años”, concluyó.

-Advierten que peligran más de 2.000 puestos de empleo.
-Aseguran que, contrario a lo que dice el Gobierno, estas políticas frenan las inversiones productivas y ponen en riesgo no sólo la generación de nuevo empleo si no los puestos de trabajo actuales.
-Reclaman una reunión urgente con el Gobierno, para exponer los motivos por los que resulta urgente dar marcha atrás con ambas medidas.
-Junto a otras cámaras del sector, remitieron una carta al presidente Mauricio Macri pidiendo la derogación de las medidas.
-Por cada 1.000 pesos de facturación de una pyme, el Estado percibe $390 en concepto de impuestos. Con las importaciones no sólo salen dólares del país, si no que el Estado deja de recibir esos ingresos.

Buenos Aires, 24 de agosto de 2017.- El nuevo presidente de la Cámara Argentina de Pymes Proveedoras de la Industria de las Telecomunicaciones (CAPPITEL), Eugenio Hadges, cuestionó hoy la decisión del Gobierno nacional de eliminar la posición 9406.00.92 del Régimen de Incentivo Fiscal, al señalar que “se desconoce con qué criterio fue excluidas, ya que no fueron convocados los sectores involucrados para evaluar el impacto de esta decisión”. Al respecto, advirtió que “peligran más de 2.000 puestos de empleo”.

Hadges fue elegido presidente de CAPPITEL el 9 de agosto pasado, durante una asamblea en la que el hasta entonces titular de la entidad, Pablo Perelmuter, fue designado vicepresidente.
La posición arancelaria 9406.00.92 (construcciones prefabricadas que incluye shelters y módulos habitacionales para las industrias de la energía, el petróleo, minería y construcción) fue eliminada del listado de posiciones que integran el Régimen de Incentivo Fiscal, según el decreto 593/2017.

“La decisión del Gobierno de eliminar esta posición generó gran preocupación en nuestro sector, porque implica que muchas pymes que hasta ahora abastecían un debilitado mercado interno compitan en igualdad condiciones con las importaciones, fundamentalmente chinas”, describió el presidente de CAPPITEL y cuestionó que no se hayan precisado “cuáles fueron los criterios de selección para eliminar esta posición, de manera unilateral e inconsulta, sin haber sido evaluada en detalle con los sectores involucrados”.

Hadges aseguró que “además de poner en riesgo más de 2.000 puestos de empleo, la importación de bienes de capital implica la salida de dólares del país y que el Estado deje de percibir ingresos por impuestos”. “Por cada 1.000 pesos de facturación de una pyme, el Estado percibe $390 en concepto de impuestos, que al importarse esos productos dejan de ingresar”, precisó.

En el mismo sentido, el dirigente empresario cuestionó que “a esta decisión se suma la medida que elimina el arancel al ingreso de bienes de capital usados para las industrias petrolera y minera”. “Entre los bienes de capital que se permite la compra en el exterior libre de arancel se incluyó a los shelters usados, que se fabrican en el país y cuya decisión también pone en riesgo a las pymes del sector”.

Al respecto, advirtió que “en el mundo existe hoy una sobreoferta de bienes de capital usados y esto pone en riego a la industria local si no se contempla esta situación con normativas que protejan a aquellos bienes de capital que se fabrican dentro del país y que generan empleo”.

“Pese a que desde distintas cámaras se venían manteniendo reuniones y desde el Gobierno se habían comprometido a analizar en forma conjunta cualquier medida que se decidiera adoptar en esos sentidos, nos sorprendimos con ambas resoluciones publicadas en el boletín oficial”, cuestionó Hadges.

CAPPITEL, conjuntamente con CAFAS, CAPIPE, CAFMEI, GAPP y CIPIBIC enviaron una carta al presidente Mauricio Macri, solicitando la derogación del decreto 629/17.

“Con esta ecuación del Gobierno perdemos todos, las pymes, los trabajadores y el mercado interno. Los únicos beneficiados son los importadores”, afirmó Hadges.

“Si bien desde el Gobierno se argumenta que todas estas decisiones se tomaron para incentivar las inversiones productivas y generar nuevo empleo, lo cierto es que terminarán por destruir a las pymes del sector, ya golpeadas por la fuerte caída del mercado interno”, señaló el presidente de CAPPITEL.

En este contexto, Hadges confirmó que “se están gestionando reuniones con distintos organismo del Gobierno para plantear el estado de situación crítico de las pymes de las telecomunicaciones, que con las últimas decisiones no hace más que agravarse y poner en riesgo el empleo y la industria nacional”.

“Las pymes precisamos que el Gobierno escuche los motivos por los que es necesario mantener dentro del Régimen de Incentivo Fiscal a las dos posiciones excluidas y, de manera urgente, se dé marcha atrás con esta medida, así como se deben evaluar los productos que deberían ser incluidos en la eliminación de aranceles para la importación de bienes de capital usados”, completó el presidente de CAPPITEL.

Sobre CAPPITEL: CAPPITEL se constituyó formalmente en marzo de 2013 y nuclea a empresas nacionales pymes dedicadas a la fabricación de bienes y/o prestación de servicios para la industria de las telecomunicaciones. Entre los objetivos principales de la entidad se encuentra el de "complementar conocimientos y experiencias para enfrentar las exigencias del mercado interno y externo". Además, busca "desarrollar una industria nacional dinámica, que permita sustituir importaciones y pueda expandirse en la región". Presidente: Eugenio Hadges, Grupo NH.

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